En el estudio, la Achc reportó que el volumen total de la deuda para el período analizado, de las EPS del Régimen Contributivo, ascendió a cerca de $8.4 billones de pesos, lo que representa una morosidad del 52,2%, mientras las del Régimen Subsidiado concentra alrededor del 32,2% del total de la deuda, es decir, $3,8 billones de pesos.
La deuda con 221 instituciones hospitalarias reportados en el estudio de cartera, pasó de $16,09 billones de pesos en junio de 2023 a $16,8 billones en diciembre del mismo año, lo que representa un incremento cercano a los $705 mil millones de pesos.
La Nueva EPS es la que más deudas tiene con hospitales y clínicas, la cual asciende a los $8.4 billones de pesos, con una morosidad del 52,2%. En Entre las EPS activas y liquidadas, las que reportan mayor cartera en mora son: Nueva EPS, Medimas, Sanitas y Cafesalud.
En el Régimen Contributivo, el 81,1% de esta deuda que corresponde a $6,8 billones de pesos aproximadamente, lo tienen 13 EPS que están en operación y el 18,9% que representan $1,6 billones de pesos, es de 16 EPS que han sido liquidadas y su cartera está 100% en mora.
El director de la Achc, Juan Carlos Giraldo Valencia, manifestó que las cifras del estudio corroboran que este es un asunto crónico, creciente y de difícil resolución. Desde el año pasado se le solicitó al Gobierno Nacional la adopción de un plan extraordinario de liquidez, compuesto por varias medidas encaminadas a mejorar la coyuntura del flujo de recursos y el daño causado por las EPS liquidadas que no respondieron con sus obligaciones, puntualizó el directivo.
Dijo, además, que de las propuestas del plan original, el Gobierno Nacional ya amplió el alcance del giro directo, en especial en el Régimen Contributivo, sin embargo, fata aplicar el Decreto 489 para hacer que el 80% sea un mínimo y garantizar que los recursos lleguen a las IPS independientes y no se concentren en entidades de integración vertical.
El gremio insiste en la urgencia de poner en marcha un fondo de garantías que coadyuve a la liquidez y permita responder por las deudas de las entidades en liquidación.
