La controversia sobre los cuestionamientos del gobernador Rendón sobre los manejos del gerente del hospital de Caldas, cambia de escenario y hoy quien fue cuestionado por el mandatario ahora cuestiona sus motivos. Sin embargo, entre la acusación del gobernador y la defensa del gerente hay una distancia que únicamente pueden resolver los documentos y las autoridades competentes.
El gerente tiene derecho a defender su nombre y exigir que cualquier señalamiento se pruebe, pero administrar un hospital público también exige explicar sus decisiones ante la ciudadanía.
La Procuraduría abrió actuaciones por presuntas irregularidades contractuales superiores a $2.044 millones, entre ellas la adquisición de equipos que, según el organismo, no estarían funcionando por falta de personal. Estas investigaciones no establecen culpabilidad; sí plantean preguntas que merecen respuestas verificables. Decir que el dinero no desapareció deja pendiente explicar cómo se contrató, qué recibió el hospital y qué utilidad tienen esas inversiones para los pacientes.
En el terreno político, atribuir los señalamientos a intereses politiqueros puede funcionar como una defensa frente al gobernador, sin embargo, también eleva la exigencia sobre quien utiliza ese argumento y sobre las decisiones concretas que demostrarían esa motivación.
Rendón debe responder por el nombramiento y por el fundamento de su anuncio de frenar nuevos recursos; Sánchez Fernández, por la gestión que está bajo examen. Ninguno queda liberado de sus responsabilidades porque el otro tenga explicaciones pendientes.
La disputa puede resultar conveniente para concentrar la atención en las declaraciones y dejar las cuentas en segundo plano.
El costo para el gerente dependerá de su capacidad para acompañar la defensa pública con información clara sobre contratos, pagos, equipos y atención. El del gobernador, de demostrar que puede proteger el erario y garantizar la continuidad del servicio mientras actúan los organismos de control.
Caldas necesita conocer qué recursos están comprometidos, cuáles podrían frenarse y cómo se sostendrá el hospital. Porque, mientras sus responsables discuten quién tiene la razón, los pacientes siguen necesitando atención.
