Las protestas contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella en Medellín dejaron de ser únicamente una discusión sobre movilidad y derecho a manifestarse. Después de varias horas de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, se registraron enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.
Según el alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la calle Barranquilla y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados, por lo que el Puesto de Mando Unificado ordenó intervenir. La diferencia es sustancial: una congestión vehicular y una agresión requieren respuestas distintas. Precisar esa frontera es ahora una obligación de las autoridades y de quienes convocaron la jornada.
Al final de la jornada se informó de una persona detenida, señalada de participar en los desmanes cerca de la universidad, sin que ese señalamiento constituya una responsabilidad judicial demostrada.El desenlace coincide con el estreno del Decreto 1525, firmado el 13 de octubre, que modifica el protocolo policial y permite actuar contra responsables de hechos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
Políticamente, los enfrentamientos pueden fortalecer el argumento oficial de endurecer la respuesta, pero esa coincidencia no demuestra que cualquier intervención haya sido necesaria o proporcional. La Administración debe explicar qué conductas motivaron sus decisiones, cómo identificó a sus responsables y qué medidas tomó para proteger a quienes protestaban pacíficamente. Un decreto ofrece reglas de actuación; su aplicación exige pruebas y rendición de cuentas.
Los convocantes también deben responder por el rumbo político de la jornada. Cuando las agresiones terminan desplazando los reclamos de docentes, trabajadores y estudiantes, quienes las cometen debilitan la protesta y facilitan que el Gobierno concentre la conversación en seguridad.
Eso merece una condena clara, sin convertirla en una autorización para descalificar toda inconformidad. La Defensoría del Pueblo advirtió este miércoles que el decreto puede confundir ciertas afectaciones propias de una manifestación con violencia y reducir el espacio de mediación. Los disturbios hacen más urgente esa advertencia, ya que la respuesta debe individualizar responsabilidades y conservar las garantías del resto de los ciudadanos.
Medellín queda ante una prueba de coherencia que compromete al Gobierno, a la oposición y a la ciudadanía. Las autoridades necesitan demostrar que pueden restablecer el orden dentro de los límites constitucionales; los dirigentes de la protesta, que pueden sostener sus demandas y rechazar las agresiones sin ambigüedades.
