La escogencia de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda reabre una vieja práctica de la política colombiana como lo es convertir la representación social en un activo electoral antes que en una apuesta seria de poder compartido.
La candidatura fue inscrita el 11 de marzo y desde entonces la propia campaña ha defendido que no se trata de un cálculo político, mientras distintos análisis han subrayado que la decisión busca reforzar el vínculo con los pueblos indígenas y con las bases del petrismo. Ese dato, por sí solo, ya revela el problema de que cuando una campaña necesita explicar que no instrumentaliza a una líder, es porque el debate sobre su uso simbólico ya está instalado.
El punto de fondo no es desconocer la trayectoria de Quilcué, que la tiene, ni borrar su liderazgo en la defensa de derechos indígenas. El punto es que la política colombiana suele elevar a mujeres, afrodescendientes o liderazgos étnicos al nivel de emblema electoral, pero después les entrega márgenes estrechos de decisión real.
En el caso de Cepeda, la apuesta parece orientada más a consolidar una identidad de campaña que a ampliar su espectro político por fuera de la izquierda, una crítica que incluso ya ha aparecido en lecturas de prensa sobre el efecto limitado de esa fórmula en sectores no alineados con el Pacto Histórico.
La comparación con Francia Márquez es inevitable. En 2022, su llegada a la Vicepresidencia representó una sacudida simbólica para Colombia: una mujer afro, de origen popular y con liderazgo social, entraba al núcleo del poder nacional. Pero con el paso del tiempo, su experiencia mostró la distancia entre el símbolo y el mando efectivo.
Es evidente que Márquez tuvo poco poder dentro del gabinete, dificultades para ejecutar su agenda y, finalmente, salió del Ministerio de Igualdad en medio de una reconfiguración política del Gobierno. Es decir, fue central para ganar, pero no necesariamente para gobernar.
Ahí está la alerta para el caso Quilcué, si una campaña presenta a una líder indígena principalmente como signo de resistencia, memoria y diversidad, pero no explica con igual claridad qué competencias de Estado pondrá sobre la mesa, qué áreas lideraría y qué poder concreto tendría en un eventual gobierno, entonces la inclusión corre el riesgo de quedarse en vitrina.
Y una democracia seria no puede reducir a las comunidades vulnerables a piezas de mercadeo electoral. La representación importa, sí, pero no como coartada estética para pedir votos, sino como criterio para redistribuir poder con responsabilidades, resultados y capacidad de gestión.
La discusión, en últimas, no debería ser si Aída Quilcué “sirve” o no para la Vicepresidencia, sino si Colombia va a seguir premiando campañas que confunden diversidad con decoración política. Lo preocupante no es que una líder indígena llegue a la fórmula; lo preocupante es que otra vez parezca más valiosa por lo que simboliza electoralmente que por el poder real que estaría llamada a ejercer. Eso ya pasó con Francia Márquez, y los antecedentes no invitan al optimismo.