Mientras el Gobierno insiste en defender la Paz Total como apuesta política, los indicadores de violencia muestran un país más presionado por homicidios, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado. La pregunta incómoda es inevitable ¿la seguridad mejoró o simplemente se cambió el lenguaje para hablar de la misma violencia de siempre?
El informe citado por Asocapitales advierte que la política de Paz Total no ha logrado traducirse en resultados verificables en los territorios. De hecho, mientras avanzaban diálogos, suspensiones de órdenes de captura y figuras como los gestores de paz, varios grupos armados ampliaron su capacidad.
El ELN habría pasado de 2.541 a 6.450 integrantes, mientras el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc fortaleció su presencia territorial y operativa. La Fundación Ideas para la Paz también registró que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los Grupos Armados Organizados aumentaron 15 %, hasta llegar a 25.278 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.
El deterioro no se mide solo en homicidios, pues la extorsión llegó a 13.417 casos, el secuestro subió a 701 y el desplazamiento forzado superó las 88.100 personas, según el balance recogido por Asocapitales. Además, la Unidad para las Víctimas reportó que solo en el primer semestre de 2025 hubo 164.450 eventos de desplazamiento forzado y 156.132 víctimas únicas incluidas en el Registro Único de Víctimas. El Catatumbo aparece como uno de los epicentros más críticos, marcado por disputas entre ELN, disidencias, Frente 33, expansión de economías ilegales, confinamientos, reclutamiento forzado y asesinatos selectivos.
Lo más delicado es que la violencia parece haber mutado sin desaparecer. En algunas regiones ya no se habla solo de enfrentamientos armados, sino de control social, cobros extorsivos, reclutamiento, amenazas a mandatarios locales y dominio de economías ilegales. Es decir, la guerra no siempre se ve con fusiles en las montañas; también se siente cuando un comerciante paga vacuna, cuando una familia abandona su casa o cuando un alcalde gobierna bajo intimidación. ¿Puede llamarse paz a una estrategia en la que los grupos armados crecen, negocian y al mismo tiempo expanden su poder?
El país necesita una discusión menos ideológica y más honesta. La paz no puede ser un eslogan, ni la seguridad puede reducirse a discursos de mano dura cada vez que estalla una crisis. Pero tampoco se puede seguir defendiendo una política pública si los números muestran retrocesos.
Si en los últimos dos o tres años los grupos armados crecieron, los delitos de alto impacto aumentaron y las comunidades siguen desplazándose, entonces el debate no es si la Paz Total suena bien en el papel, sino si está funcionando en la vida real. Y por ahora, las cifras parecen responder con crudeza y es que Colombia no está más tranquila; está más fragmentada, más intimidada y más expuesta.
