La búsqueda de la paz en Colombia ha sido un largo y tortuoso camino, marcado por décadas de conflicto armado. Los acuerdos alcanzados con grupos como las AUC y las FARC han sido presentados como un paso fundamental hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, ¿a qué costo hemos llegado a estos pactos?
La sociedad colombiana ha sido testigo de atrocidades cometidas por estos grupos armados: asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, entre otros crímenes de lesa humanidad. Es comprensible que muchos ciudadanos se pregunten cómo es posible que quienes han infligido tanto dolor puedan recibir beneficios y garantías especiales.
Los procesos de Justicia y Paz y los acuerdos de paz han puesto en el centro del debate la naturaleza de la justicia transicional en Colombia. Si bien algunos argumentan que los beneficios otorgados a los excombatientes son necesarios para la reinserción, la realidad es que estos mecanismos no han logrado prevenir la reincidencia en la violencia, lo que ha generado un creciente escepticismo sobre su efectividad.
Es fundamental reconocer que la búsqueda de la paz implica necesariamente un proceso de reconciliación. Sin embargo, la reconciliación no puede significar la impunidad. Los victimarios deben responder por sus actos y las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Las garantías otorgadas a los grupos armados han sido variadas y han generado controversia. Si bien es cierto que la seguridad de los excombatientes es un aspecto importante, es igualmente crucial garantizar la seguridad de las comunidades que han sido víctimas de la violencia.
La paz es un bien supremo, pero no a cualquier precio. La sociedad colombiana exige una paz justa y duradera, basada en la verdad, la justicia y la reparación. Solo así podremos construir un presente y un futuro en el que los derechos humanos sean respetados y la democracia se consolide.
Como sociedad, debemos preguntarnos cuáles son las implicaciones a largo plazo de otorgar beneficios a quienes han cometido crímenes atroces. ¿Qué mensaje enviamos a las futuras generaciones al decidir si premiamos el mal con privilegios? Al hacerlo, ¿no estamos socavando los cimientos de la justicia y perpetuando un ciclo de violencia?
