La carrera política de Jaime Alonso Cano Martínez vuelve a tropezar con una decisión de la justicia electoral. La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió anular su elección como representante a la Cámara por Antioquia para el periodo 2026-2030, esta vez dentro de un proceso en el que se discutió una presunta violación al régimen de inhabilidades.
Cano había llegado al Congreso por el Partido Conservador con 64.173 votos, después de una extensa trayectoria en la Asamblea de Antioquia. Su elección tenía al menos dos procesos de nulidad acumulados ante la Sección Quinta.
El punto determinante del litigio resulta especialmente sensible por el parentesco con su hermano, Gustavo Cano Martínez, quien se desempeñó como inspector de convivencia y paz urbana en Medellín.
La ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya llevó a la Sala a estudiar si las funciones ejercidas desde ese cargo podían configurar autoridad civil y, por tanto, activar la inhabilidad prevista para quienes aspiren al Congreso teniendo determinados vínculos familiares con personas que ejerzan autoridad dentro de la misma circunscripción.
La jurisprudencia del propio Consejo de Estado ha establecido que el parentesco con quien ejerce autoridad civil o política puede afectar la validez de una elección al Congreso cuando concurren los requisitos constitucionales correspondientes.
Pero políticamente el fallo tiene un ingrediente adicional y es que no es la primera vez que Cano pierde una credencial por decisión del Consejo de Estado.
En marzo de 2025, la misma Sección Quinta confirmó la nulidad de su elección como diputado de Antioquia por doble militancia, luego de establecerse que había apoyado candidatos distintos a los avalados por el Partido Conservador en las elecciones territoriales de 2023.
Aquella sentencia no le impedía aspirar posteriormente a otro cargo de elección popular y Cano dio el salto a la Cámara; ganó y se posesionó el 20 de julio de 2026. Poco más de dos meses después, una nueva controversia jurídica vuelve a sacudir su carrera política.
La decisión también mueve las fichas dentro del conservatismo antioqueño. La salida de un representante que obtuvo más de 64.000 votos no solamente obliga a mirar quién ocupará la curul conforme al resultado electoral y las reglas de reemplazo, sino que abre preguntas sobre los controles jurídicos realizados antes de otorgar avales a candidatos con antecedentes recientes de litigios electorales.
En el caso de Jaime Cano, la paradoja política resulta difícil de ignorar y es que pasó de perder su asiento en la Asamblea a conquistar una curul en el Congreso, pero nuevamente será una sentencia electoral, y no las urnas, la que determine su permanencia en el cargo.
