El Comité Intergremial y Fenalco Antioquia le pidieron a Andrés Julián Rendón desmontar la tasa de seguridad porque consideran que encarece la operación empresarial, castiga la formalidad y afecta la competitividad.
Su argumento tiene una carga política difícil de esquivar y es que si el Gobierno nacional ahora comparte las prioridades de seguridad de Antioquia y anuncia respaldo, ¿por qué mantener el esfuerzo extraordinario de los contribuyentes? La pregunta no demuestra que sobren recursos, pero sí obliga al gobernador a explicar cuánto dinero llegará efectivamente de la Nación, qué financiará y qué necesidades seguirán descubiertas.
La tasa fue creada por la Ordenanza 50 de 2024 y tiene vigencia prevista hasta diciembre de 2027; anticipar su eliminación requiere tramitar el cambio normativo ante la Asamblea. La Gobernación reportó en septiembre inversiones superiores a $473.000 millones en dotación, tecnología e infraestructura, pero ese balance no permite establecer cuánto recaudo futuro está comprometido.
Antes de prometer el desmonte habría que identificar contratos vigentes, obligaciones exigibles y gastos recurrentes, y definir cómo se financiarían.
Para Rendón, el problema es que la seguridad puede seguir siendo una fortaleza política mientras su financiación se convierte en un desgaste, ya que mantener la tasa sin explicar con precisión su necesidad lo expone a una crítica incómoda sobre el hecho de celebrar la cercanía con Bogotá sin traducirla en alivio para quienes pagan.
Por otro lado, desmontar este cobro sin recursos sustitutos podría comprometer programas que presenta como parte de su legado.
El pedido gremial pone a prueba su capacidad para negociar con sectores empresariales que reclaman menos cargas, mientras que el debate también alcanza a quienes aspiran a sucederlo en 2027, dado que quien ofrezca continuidad tendrá que precisar si respalda este mecanismo de financiación, cómo evaluaría sus resultados y qué haría cuando termine su vigencia.
Prometer su eliminación sin explicar las cuentas sería tan cómodo como defenderla únicamente por lealtad al gobernador; el próximo mandatario deberá decidir si propone una nueva financiación, busca prolongarlo o consigue recursos alternativos.
