El presidente Abelardo De La Espriella anunció que no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni nuevas cargas de ese impuesto sobre el sector agropecuario, mensaje que llegó el 15 de noviembre, cuatro días antes de la movilización convocada por la oposición.
La cercanía de las fechas permite una lectura política sobre si el Gobierno busca quitarle fuerza a uno de los reclamos más sensibles contra su reforma, sin embargo, la garantía que necesitan los hogares todavía debe quedar escrita en el proyecto y superar el Congreso.
El interrogante ahora es si se retira el recaudo quién entonces deberá asumir ese ajuste, ya que como el mismo presidente reconoció, su propuesta está en construcción, por lo que esa flexibilidad deberá traducirse en cifras comparables sobre los gastos que se reducirían, los sectores que aportarían más y cuánto dejaría de recaudarse.
El Pacto Histórico, por su parte, mantiene la movilización del 19 de noviembre pese al anuncio presidencial. Su decisión conserva la presión sobre una reforma que sigue en discusión, pero también le impone la obligación política de explicar cuáles reparos permanecen y qué cambios consideraría suficientes.
Defender la protesta incluye dar razones concretas para sostenerla, pues si el Gobierno debe acreditar sus correcciones con documentos, la oposición debe precisar sus exigencias y permitir que la ciudadanía evalúe si hay avances.



