A ambos se les acusa de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht. La solicitud fue confirmada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, quien además informó que se ha pedido a Interpol emitir una alerta roja para su captura en cualquier país.
La misma orden se extendió a exfuncionarios guatemaltecos como Thelma Aldana, exfiscal general; Mayra Véliz, exsecretaria general del MP; Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, y Eva Xiomara Sosa, exfiscal adjunta, quienes —según las autoridades guatemaltecas— habrían formado parte de una estructura que favoreció ilegalmente a la empresa Odebrecht, causando pérdidas superiores a 3 mil millones de quetzales al Estado.
Colombia responde: “Persecución política”
La reacción del Gobierno colombiano no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la Cancillería expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante lo que considera una acción “sin sustento jurídico” y una “grave desviación de los estándares del derecho internacional”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala. Esta acción constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, señala el comunicado, compartido por la canciller Laura Sarabia en sus redes sociales.
La nota diplomática también denuncia que esta decisión representa una “instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales” con fines de persecución política y personal, y advierte que no se han cumplido los procedimientos ni se han presentado pruebas sólidas que justifiquen la acción.
🔴El Gobierno de Colombia, a través de la @CancilleriaCol, expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la… pic.twitter.com/CHwSZDPtXt
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 3, 2025
Desde el Vaticano, el embajador Iván Velásquez también se pronunció. En un mensaje en redes sociales, recordó que un 16 de abril de 2015 “empezó en Guatemala un período floreciente de lucha contra la impunidad”, aludiendo al trabajo de la Cicig y de la Feci bajo su liderazgo.
Velásquez denunció que, tras esos avances, “la reacción de los sectores más retardatarios del país” desató “una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de EE. UU. designó como corrupta y sancionó junto a su instrumento, un fiscal de poca monta pero de gran perversidad”.
Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a… https://t.co/dTJm0ZKnPD
— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 2, 2025
Tanto Velásquez como Camargo fueron figuras clave en la Cicig, un organismo de Naciones Unidas que entre 2007 y 2019 apoyó la investigación de redes de corrupción en Guatemala. Su trabajo fue ampliamente respaldado por la comunidad internacional, pero también generó resistencia entre sectores políticos y empresariales del país.
El cierre de la Cicig en 2019, decretado por el expresidente Jimmy Morales, marcó un giro en la política anticorrupción guatemalteca. Morales alegó abusos de poder por parte del organismo y expulsó a Velásquez del país, lo que fue calificado por muchos como una represalia por las investigaciones contra su gobierno.
