La situación, traducida al lenguaje de poder, se lee como que lo que se vendió como nombramiento sólido quedó etiquetado como acto administrativo con vicios y, de paso, abrió una grieta institucional en una empresa estratégica del grupo Ecopetrol.
La historia es esta: Jorge Andrés Carrillo llegó a ISA por una decisión tomada por la Junta Directiva en la madrugada del 15 de agosto de 2024, en medio de una designación que desde el minuto uno fue leída como movida de alto voltaje político por su cercanía con Daniel Quintero, ya que fue gerente de EPM durante su alcaldía.
Carrillo se posesionó a finales de agosto de 2024 y empezó formalmente funciones en septiembre, mientras alrededor del proceso crecían los cuestionamientos por la forma de la selección y el uso/rol de la firma cazatalentos. En términos de mapa político, para buena parte del establecimiento paisa y de la conversación pública nacional, Carrillo fue visto como hombre de confianza del quinterismo, y por eso su llegada a una empresa estratégica del grupo Ecopetrol se interpretó como un salto de esa corriente a una silla con poder real.
Ahora, la razón central que circula en los detalles judiciales es que cambiaron las reglas durante el partido para su designación, pues según las versiones, la Sección Quinta concluyó que en la selección se modificaron criterios de evaluación (la famosa matriz) y que esos cambios terminaron alterando el resultado; incluso se menciona el papel de la firma cazatalentos dentro del proceso.
Cuando una elección se cae por eso, el mensaje no es solo para el elegido, es un campanazo directo a la Junta y a la forma como se administró la meritocracia.
Políticamente, el golpe es doble; primero, porque ISA no es cualquier compañía, es infraestructura crítica (energía y transmisión) y su presidencia no es un cargo neutral. Segundo, porque la nulidad deja la sensación de que la empresa quedó atrapada en una disputa donde la técnica sirve de decorado y el pulso real se juega en los pasillos. Lo que hoy queda en evidencia es que cuando el proceso de selección se percibe moldeable, el mercado y la opinión leen una captura de poder y no un verdadero gobierno corporativo.
¿Y ahora qué? La sentencia obliga a reiniciar el proceso en los términos que definan las instancias internas, pero con un ingrediente que ya contamina todo y es el precedente judicial y el foco mediático.
En ISA la crisis no es quién se sienta, sino quién responde por el procedimiento, porque una presidencia anulada no solo tumba un nombre, también erosiona confianza, alimenta bandos y deja la puerta abierta para que cada decisión futura se lea con sospecha. Eso, en una empresa estratégica, es gasolina política premium.
