En un giro inesperado y controvertido, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional en su último debate, acogiendo sin modificaciones el texto previamente aprobado por el Senado.
La aprobación se llevó a cabo sin mayor discusión, una decisión que muchos críticos describen como un «pupitrazo estelar». La rapidez con la que se tomó la decisión ha suscitado preocupaciones sobre la falta de debate y consideración de las enmiendas realizadas por la Comisión Séptima de la Cámara, así como el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, que contemplaba estas modificaciones.
Fueron 86 votos a favor y 32 en contra los que llevaron a una de uno de los más significativos logros legislativos de este Gobierno hasta ahora. Desde Suecia, el presiente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la aprobación de la reforma, con la que más de dos millones de personas recibirán un bono pensional. “Es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”, puntualizó el mandatario.
La ponente de la reforma, Martha Alfonso, justificó la aprobación afirmando que «era esto o nada”. Señaló que los legisladores se vieron forzados a aceptar el texto sin cambios debido a la falta de alternativas viables. «Nos empujaron al peor escenario sin dejarnos otra opción”, declaró Alfonso, quien subrayó la sensación de inevitabilidad que rodeó la votación.
Desafíos legales y políticos
A pesar de la aprobación en la Cámara, el proyecto aún debe superar la fase de conciliación y obtener la sanción presidencial para convertirse en ley. No obstante, el proceso no ha estado exento de polémicas. Varios congresistas ya han anunciado posibles desafíos legales, citando precedentes en los que la Corte Constitucional ha tumbado proyectos de ley por ser aprobados sin el debido debate legislativo.
Entre los opositores más vocales se encuentran los representantes José Jaime Uscátegui y Carlos Edward Osorio, junto con el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático. Uscátegui anunció que el partido demandará la manera como fue aprobada la reforma y describió el procedimiento como una «abdicación de las responsabilidades» que la Constitución confiere al Congreso.
Implicaciones de la aprobación
El aval del texto aprobado por el Senado, sin incorporar los cambios de la Comisión Séptima, ha sido defendido por algunos representantes gubernamentales como un «mal menor». Argumentan que era preferible aprobar el proyecto tal como estaba antes que arriesgarse a que se hundiera por falta de tiempo.
Sin embargo, este enfoque ha sido fuertemente criticado por establecer un precedente preocupante. Los detractores temen que esta decisión pueda erosionar la calidad del proceso legislativo, al priorizar la rapidez sobre la deliberación y el análisis exhaustivo de las reformas.
Futuro incierto
Aunque el gobierno consultó a constitucionalistas y funcionarios experimentados del Congreso para evaluar la viabilidad jurídica de aprobar el texto del Senado, la diversidad de opiniones sugiere que el camino hacia la implementación definitiva de la reforma está lejos de ser claro. El consenso general apuntaba a que era posible proceder de esta manera, pero las implicaciones legales y políticas de esta decisión aún están por verse.
La reforma pensional ahora avanza hacia la etapa de conciliación y la esperada sanción presidencial, pero los desafíos legales y la controversia en torno a su aprobación auguran un futuro incierto para esta crucial legislación.
