El articulado establece que los concejales de municipios de quinta y sexta categoría recibirán honorarios equivalentes a los de la cuarta categoría, fijando en $296.314 el valor por sesión para el año 2025. Asimismo, se incrementa el número de sesiones ordinarias de 70 a 80 y las extraordinarias de 20 a 40, lo que amplía el espacio para la gestión local.
El representante liberal Óscar Sánchez, ponente del proyecto en la Cámara, dijo que esta ley busca saldar una deuda histórica con los concejales de 965 municipios de estas categorías. «Hoy, un concejal de sexta categoría no alcanza a ganar un salario mínimo mensual vigente, lo que limita su labor y su sustento», explicó.
Tras la conciliación entre el Senado y la Cámara, el proyecto pasará a sanción presidencial. Sin embargo, el reto ahora es para el Gobierno Nacional, que deberá garantizar los recursos necesarios para cubrir los nuevos costos fiscales que implica la ley.
Desafíos y preocupaciones
A pesar del respaldo general a la iniciativa, han surgido dudas sobre su aplicabilidad, dado que muchos municipios de quinta y sexta categoría enfrentan serias dificultades financieras. El senador conservador Germán Blanco Álvarez, autor de la ley, destacó cinco aspectos clave:
1. Equiparación de los honorarios de los concejales de municipios de quinta y sexta categoría con los de cuarta categoría.
2. Incremento de sesiones ordinarias y extraordinarias.
3. Afiliación obligatoria de los concejales a seguridad social (pensión, salud, riesgos laborales y acceso a caja de compensación).
4. Pago oportuno de honorarios en los cinco días siguientes al mes de sesiones.
5. Autonomía de las mesas directivas de los concejos para la gestión de recursos destinados a la formación y capacitación de los cabildantes.
No obstante, analistas políticos advierten que la ley no prevé una fuente externa de financiamiento, lo que podría generar problemas fiscales en los municipios, dado que tendrían que asumir dichos costos.
Ante estas preocupaciones, el senador Blanco aseguró que el financiamiento estará respaldado por el aumento de transferencias del Sistema General de Participaciones. «La reforma constitucional reciente nos permite garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo», afirmó, calculando que el costo anual por municipio de sexta categoría rondará los 190 millones de pesos.
