Antioquia extendió la mano al nuevo Gobierno para enfrentar uno de los problemas que durante años ha resistido discursos, operativos y cambios de administración, como lo es la formalización minera.
Durante el Congreso Nacional de Minería, el secretario de Desarrollo Económico departamental, Camilo Tamayo, aseguró que existe “toda la voluntad de trabajar con el Gobierno Nacional” y reconoció señales favorables en materia de seguridad, respaldo empresarial y condiciones para la inversión.
El mensaje abre una oportunidad política importante, pero también una pregunta sobre si esta vez habrá una ruta ejecutable o volverá a anunciarse una alianza que se quedará atrapada entre trámites, competencias institucionales y fotografías oficiales.
La dimensión del desafío suele resumirse en una cifra impactante, puesto que se estima que cerca del 80 % del oro producido en Colombia provendría de actividades ilegales.
El dato fue divulgado durante el Congreso, pero no corresponde a un nuevo estudio oficial auditado ni se explicó públicamente su metodología. Esa precisión importa, porque el Estado no puede construir una política seria sobre un número redondo sin diferenciar minería tradicional, informalidad administrativa, explotación sin título y operaciones controladas por organizaciones criminales.
Meter a todos los mineros en el mismo costal puede facilitar el discurso de mano dura, pero también cerrarles la puerta a quienes llevan años intentando ingresar a la legalidad.
La Agencia Nacional de Minería reportaba, con corte al 30 de junio de 2026, 60.625 beneficiarios de procesos de formalización, 12.852 directos y 47.773 indirectos. El balance muestra avances, pero también obliga a mirar más allá del acumulado.
Una alianza verificable debería informar cuántos mineros serán caracterizados en Antioquia, cuántos expedientes atrasados se resolverán, qué municipios serán priorizados, cuánto durará cada trámite y qué recursos se destinarán al acompañamiento técnico, ambiental, laboral y financiero. Hasta ahora, la propuesta departamental no incluye públicamente convenio, presupuesto, cronograma ni metas nuevas que permitan medir sus resultados.
El problema tampoco termina con la expedición de un título. En zonas como El Bagre, la minería aurífera financia disputas armadas y sostiene mecanismos de control sobre las comunidades. La Defensoría del Pueblo advirtió que grupos ilegales cobran ‘vacunas’ equivalentes al 10 % de la producción de oro, restringen la movilidad e imponen su autoridad mediante amenazas, desplazamientos y ataques con drones.
Allí la formalización necesita ir acompañada de seguridad, trazabilidad del mineral, control de maquinaria e insumos y persecución de las redes que compran, transportan y convierten el oro ilegal en dinero aparentemente limpio. De lo contrario, el pequeño minero puede recibir papeles del Estado mientras continúa pagando impuestos a los criminales.
La oferta de Antioquia es pertinente y el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de convertirla en una política territorial concreta, pero formalizar no puede significar únicamente invitar al minero a cumplir una larga lista de requisitos y amenazarlo después con operativos si no logra hacerlo, la verdadera prueba será presentar una hoja de ruta pública, con responsables, fechas, recursos y resultados evaluables.
Si esa respuesta no llega, la anunciada alianza minera correrá el riesgo de convertirse en lo mismo que tantas promesas anteriores: otro discurso brillante sobre el oro, mientras la ilegalidad continúa quedándose con la riqueza y gobernando el territorio.
