La senadora Isabel Zuleta volvió a cruzar la frontera entre la oposición política y el desconocimiento institucional.
Durante un encuentro con comunidades en San Sebastián de Buenavista, Magdalena, la congresista del Pacto Histórico afirmó que Gustavo Petro “sigue siendo el presidente de Colombia” y agregó: “Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”.
No fue una expresión afectuosa ni una licencia retórica para reivindicar el legado del anterior Gobierno, por el contrario, fue una acusación directa contra la legitimidad de Abelardo De La Espriella, quien asumió constitucionalmente la presidencia el pasado 7 de agosto.
Las palabras de Zuleta provocaron que la concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez presentara una queja ante la Procuraduría General de la Nación. La solicitud busca establecer si la senadora incumplió sus deberes como servidora pública al desconocer los resultados electorales y hablar de un supuesto fraude sin aportar pruebas verificables.
Por ahora existe una queja, no una sanción ni una decisión de fondo, corresponderá al Ministerio Público determinar si las declaraciones están protegidas por la libertad de expresión política o si traspasaron los límites disciplinarios aplicables a una integrante del Congreso.
Zuleta respondió que la legitimidad es una construcción social distinta de la legalidad y aseguró que sectores de la oposición promovieron acciones judiciales por una presunta injerencia extranjera en las elecciones.
Tiene derecho a cuestionar, denunciar y acudir ante los tribunales; para eso existen las instituciones. Pero una cosa es controvertir jurídicamente un resultado y otra muy distinta presentarlo ante las comunidades como un robo consumado.
Cuando una congresista sustituye las pruebas por consignas y pretende dividir al país entre “el presidente de los ricos” y “el presidente del pueblo”, ya no está explicando una demanda, por el contrario, está alimentando una presidencia paralela fabricada desde el discurso.
La controversia tampoco llega aislada, pues la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública.
El alto tribunal busca establecer si excedió las competencias que le fueron asignadas como coordinadora de los diálogos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, al participar el 10 de julio de 2025 en un procedimiento dentro de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde fue incautada un arma tras información entregada por alias Pipe Tuluá. A ello se suma el debate judicial por su intervención en el denominado ‘tarimazo’ de La Alpujarra.
Ninguno de estos procesos equivale a una condena, pero juntos dibujan una pregunta incómoda sobre los límites que Zuleta parece dispuesta a tensar en nombre de su proyecto político.
El problema de fondo no es que Isabel Zuleta defienda a Gustavo Petro ni que el Pacto Histórico ejerza una oposición vehemente, puesto que la democracia necesita contradictores, incluso incómodos; lo que no puede normalizarse es que una senadora convierta una sospecha no demostrada en verdad política y desconozca desde la tribuna una sucesión presidencial ya materializada.
Si el Pacto Histórico quiere presentarse como una oposición seria, tendrá que decidir si controvierte al nuevo Gobierno dentro de las reglas institucionales o si seguirá promoviendo el espejismo de que Colombia puede tener dos presidentes según la preferencia de cada sector.
Las elecciones pueden demandarse y los gobiernos pueden criticarse; lo que no puede hacerse es reemplazar los votos certificados por una consigna partidista.
La concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez, pedió investigar estas afirmaciones.
La congresista @ISAZULETA no puede ir a las regiones a decir que @ABDELAESPRIELLA se robó las elecciones y que no es el presidente legítimo. Por eso pedí a la @PGN_COL que investigue estas afirmaciones. pic.twitter.com/U4MlohsGOM
— Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) September 2, 2026
