El alcalde de Medellín entregó en Miami nombres, empresas y direcciones relacionados con una presunta ruta de dinero entre Medellín, Panamá y Estados Unidos. Mientras el expediente cruzaba fronteras, el tercer intento de imputar a Miguel Quintero terminó en otro aplazamiento.
Federico Gutiérrez aseguró que entregó información sobre personas y empresas que presuntamente habrían servido como testaferros para sacar recursos de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Según la versión oficial, el dinero habría viajado primero a Panamá y después habría sido legalizado mediante compañías constituidas en Miami.
La entrega de documentos abre una posible ruta internacional para la investigación, pero no demuestra por sí sola que el FBI haya validado las acusaciones ni que exista todavía un proceso penal en Estados Unidos.
La Alcaldía sostiene que el material reúne más de 13.000 pruebas documentales, cuatro principios de oportunidad y actuaciones que han derivado en 55 imputaciones en Colombia. Gutiérrez afirmó que entregó nombres, direcciones y sociedades que permanecen bajo reserva, mientras pidió investigar un posible lavado de activos.
El salto hacia Estados Unidos aumenta la presión política y judicial, aunque también obliga a distinguir entre los hallazgos de una auditoría, las denuncias del mandatario y aquello que finalmente pueda probarse ante un juez. Por ahora, la ruta Medellín–Panamá–Miami sigue siendo una hipótesis que deberán confirmar las autoridades.
Mientras Fico exhibía el expediente en Miami, en Medellín volvió a fracasar la imputación contra Miguel Quintero Calle. La Fiscalía busca procesarlo, junto con Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega Urán, por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación examina contratos por $17.645 millones suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Entre los elementos divulgados aparecen conversaciones del grupo de WhatsApp “Amigos”, referencias a un comité paralelo de contratación y testimonios sobre supuestas comisiones del 20 %, afirmaciones que forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y todavía deben ser controvertidas por la defensa.
La audiencia del 31 de agosto era el tercer intento. La primera fecha, fijada para el 3 de agosto, se aplazó por petición de la Fiscalía; la segunda, programada para el 25, fue suspendida a solicitud de la defensa. En esta ocasión, la titular del Juzgado 27 estaba incapacitada y el caso fue reasignado al Juzgado 39.
Cuando la diligencia ya había comenzado, el abogado Santiago Trespalacios cuestionó la legalidad de esa reasignación; la jueza aceptó el argumento y declaró fallida la audiencia, que deberá reprogramarse. No fue una absolución ni el cierre del proceso, fue otro tropiezo procesal que prolongó una imputación todavía pendiente.
El episodio terminó convertido en una batalla política, pues Fico presenta el viaje como el comienzo del cerco internacional contra lo que llama “Los Hermanitos Q”; Daniel Quintero respondió que se trata de un “teatro” y le pidió al alcalde que dejara de ser “payaso”.
Fico consiguió llevar información hasta el FBI, pero ahora le corresponde a esa agencia establecer si realmente hubo dinero lavado en Estados Unidos, y a la justicia colombiana decidir si Miguel Quintero debe responder penalmente. Hasta entonces, hay documentos, testimonios y una confrontación feroz, pero no una condena.
