Según la Fiscalía, el corazón del escándalo es un paquete de 79 contratos por más de 600.000 millones de pesos que habrían sido usados para ‘aceitar’ mayorías en el Congreso a favor de las reformas del gobierno Petro. Solo siete de esos contratos se ejecutaron, pero fueron suficientes para configurar la hipótesis de una supuesta “asociación criminal” diseñada desde la UNGRD y el Invías, con la venia de los exministros Bonilla y Velasco, para comprar votos y disciplinar congresistas díscolos.
En ese escenario aparece Bedoya a quien durante la audiencia de este lunes, la Fiscalía reveló chats de WhatsApp de junio de 2023 en los que, según los investigadores, la senadora habría contactado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para gestionar financiación de obras en Meta, Casanare y Risaralda.
En uno de esos intercambios, habría enviado una imagen con una tabla de un proyecto en Puerto Concordia, Meta y otros anexos sobre planes en Casanare. Medios nacionales como la revista Semana y otros portales regionales registraron que su nombre quedó mencionado en la diligencia como una de las congresistas interesadas en la destinación de recursos de la entidad.
La versión que reposa en el expediente parte del testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, hoy confeso y colaborador de la justicia. De acuerdo con su relato, la estrategia consistía en asegurar el respaldo de ciertos congresistas a cambio de contratos públicos.
En ese marco, Bedoya habría trasladado sus proyectos a través de otra senadora, Martha Peralta, quien habría actuado como intermediaria y mostrado a López los documentos de las obras de interés de la congresista antioqueña. La Fiscalía considera esos mensajes y soportes como indicios serios que justifican mantenerla bajo investigación preliminar en la Corte Suprema.
El impacto local es todavía más incómodo, pues Berenice es la jefa política del concejal de Itagüí León Mario Bedoya, un opositor férreo a la actual administración de ese municipio del Aburrá Sur.
Por ahora, la senadora no ha sido imputada formalmente, pero sí aparece en el radar de la Corte Suprema y de la Fiscalía como posible beneficiaria de ese esquema de direccionamiento de contratos.
La justicia tendrá que determinar si la senadora incurrió o no en delitos. Desde la política, en cambio, el hecho se ve como otra bandera de renovación que quedó atravesada por la sombra de la mermelada de siempre.
