La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de suspensión e inhabilidad especial de 12 meses al exconcejal de Medellín Santiago Jaramillo Botero, quien había sido elegido por el partido Centro Democrático. Esta decisión fue tomada luego de considerar que Jaramillo violó el principio de dignidad humana y afectó los derechos a la honra y el buen nombre de varios de sus colegas del Concejo de Medellín entre 2016 y 2019.
La sanción en primera instancia responde a una serie de comportamientos que incluyeron mensajes insultantes y amenazantes a través de un grupo de WhatsApp de los concejales de la ciudad. Jaramillo emitió frases agresivas y ultrajantes, dirigiéndose a su colega Bernardo Alejandro Guerra Hoyos con términos ofensivos como “Bernie loca” y “corrupto”. En sus mensajes llegó a afirmar que “destruiría” a Guerra y a su familia, expresiones que la Procuraduría clasificó como una falta grave cometida con dolo.
Esta no es la primera vez que Jaramillo enfrenta sanciones por conductas inadecuadas; en marzo de 2018, también fue penalizado por agredir a un periodista de Telemedellín, comportamiento que la Procuraduría consideró incompatible con los deberes de un servidor público, según la Ley 734 de 2002.
Este caso resalta la normativa disciplinaria en Colombia, que busca evitar el uso de cargos públicos para difamar, calumniar o amenazar, y establece que quienes lo hagan deben enfrentar consecuencias legales y disciplinarias. La Procuraduría recordó que el Código Disciplinario Único, en sus artículos 34 y 48, exige a los servidores públicos actuar con respeto y proteger los derechos a la dignidad y la honra de los demás. Asimismo, en el Código de Procedimiento Administrativo se refuerza la obligación de cuidado en el uso del lenguaje por parte de los funcionarios para preservar la imagen pública y la imparcialidad.
En este contexto, el órgano de control hizo un llamado a la reflexión sobre el rol de los funcionarios en la vida pública y reiteró su compromiso de sancionar las conductas que atenten contra los derechos fundamentales, incluso en espacios políticos.
