Nuevo paso hacia la descentralización en Colombia

La Reforma al Sistema General de Participaciones fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, ahora deberá pasar por el Senado de la República para conciliación, antes de que pueda ser sancionada por presidencia.

La plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde a la reforma del Sistema General de Participaciones-SGP tras su octavo y último debate, con 124 votos a favor y tres en contra. Esta decisión, que marca un hito en la gestión de recursos para los territorios, deberá ahora pasar por un proceso de conciliación con el Senado de la República antes de ser sancionada por el Presidente de la República.

La reforma, que incrementará gradualmente la asignación presupuestal del 23,8% al 39,5%, responde a un clamor histórico de departamentos y municipios por una mayor autonomía financiera. Carlos Ardila, representante a la Cámara por el Partido Liberal y ponente del proyecto, destacó la importancia de esta medida al señalar que “la centralización ha sido un fracaso, y esta reforma busca corregir las profundas desigualdades en los territorios”.

El proyecto contó con un amplio respaldo por parte de gobernadores y líderes regionales. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, calificó la reforma como un cambio estructural para el país: “La centralización de recursos ha generado profundas desigualdades. Esta reforma no va a quebrar al país; permitirá que las regiones cuenten con los recursos necesarios para responder a las necesidades de sus comunidades”.

Por su parte, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, subrayó que esta medida facilitará la ejecución de proyectos esenciales como el Programa de Alimentación Escolar-PAE- y otras competencias que han sido delegadas a los entes territoriales.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que la reforma entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, lo que brinda dos años para preparar la implementación de este cambio estructural. Durante este periodo, el Congreso deberá aprobar la Ley de Competencias, la cual asignará responsabilidades específicas a las entidades territoriales en correspondencia con los nuevos recursos asignados.

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Cristo también destacó el impacto de la reforma en áreas críticas como educación, salud, saneamiento básico y agua potable: “El objetivo es fortalecer la presencia del Estado en los territorios, donde las comunidades han sido históricamente olvidadas. Esta reforma permitirá un salto cualitativo en los servicios básicos que merecen nuestros compatriotas”.

El Ministerio del Interior liderará la construcción de la Ley de Competencias mediante una mesa técnica con participación de diversos actores y el acompañamiento de organismos internacionales como la OCDE y la CAF.

La aprobación de esta reforma al SGP representa una apuesta por la descentralización y el fortalecimiento de las regiones. Sin embargo, los desafíos son enormes, no solo en términos de ejecución de recursos, sino también en la consolidación de capacidades administrativas y de autogestión en los territorios.

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