El Ministerio de la Igualdad está cerrando su corta historia con la misma pregunta que lo acompañó desde su creación y es ¿dónde están los resultados? FonIgualdad suscribió con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S. un contrato por hasta $30.275.999.986 para vincular a 1.270 trabajadores al programa Jóvenes en Paz.
El acuerdo, vigente entre el primero de julio y el 31 de octubre de 2026, contempla un anticipo del 30 %, equivalente a $9.082 millones, y seguirá ejecutándose durante casi tres meses del próximo gobierno. En otras palabras, la administración saliente dejó asegurado un gasto cuya supervisión y continuidad recaerán, en buena parte, sobre quienes asumirán el poder el 7 de agosto.
La controversia no se limita al momento en que fue firmado el contrato, el problema de fondo es que el Ministerio de la Igualdad nunca consiguió demostrar resultados proporcionales al presupuesto, la estructura burocrática y las expectativas con las que nació.
En noviembre de 2024, la cartera apenas había ejecutado el 2,4 % de un presupuesto cercano a $1,8 billones. Posteriormente, una auditoría de la Contraloría encontró que FonIgualdad había comprometido el 25 % de los recursos recibidos, obligado el 13 % y pagado solamente el 3,08 %; además, 12 de sus 25 programas de inversión no registraban ejecución.
El Ministerio funcionó, contrató personal y construyó una estructura administrativa, pero no logró convertir esa maquinaria en transformaciones sociales claramente verificables.
Tampoco fue claro para la ciudadanía qué hacía realmente esta cartera. Sus funciones se repartieron entre cinco viceministerios, numerosos programas y poblaciones diversas, pero sin una narrativa pública capaz de explicar qué problema concreto resolvía, a cuántas personas beneficiaba y cómo se medía su impacto.
Jóvenes en Paz es quizá el ejemplo más evidente, ya que fue presentado como una estrategia para evitar que 100.000 jóvenes fueran reclutados por organizaciones criminales, pero el propio presidente Gustavo Petro terminó reconociendo que el programa había llegado a apenas 432 beneficiarios en una de sus primeras etapas. Que ahora se contraten hasta 1.270 trabajadores para operarlo obliga a preguntar cuántos jóvenes serán atendidos, cuánto costará cada intervención y cuáles serán los indicadores con los que se evaluarán sus resultados.
La contratación también abre un interrogante jurídico sobre el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, el cual ordenó la liquidación del Ministerio y estableció que durante ese proceso únicamente podrían celebrarse contratos “estrictamente necesarios” para adelantar el cierre.
Sin embargo, el acuerdo con Laborando S.A.S. fue formalizado posteriormente y no está dirigido a liquidar la entidad, sino a prolongar uno de sus programas. Esto no permite afirmar, por sí solo, que exista una irregularidad, pero sí exige que los organismos de control determinen si FonIgualdad estaba facultado para comprometer esos recursos y si la continuidad de Jóvenes en Paz cumplía realmente la excepción prevista en el decreto.
MinIgualdad nació como una de las grandes banderas sociales del Gobierno Petro, pero termina convertido en símbolo de improvisación institucional, baja ejecución y escasa claridad ante los colombianos. La defensa de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas, las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables sigue siendo una obligación del Estado; lo que quedó en entredicho fue la capacidad de esta cartera para cumplirla.
El contrato de $30.275 millones resume la contradicción de que una entidad que durante años tuvo dificultades para ejecutar sus recursos decidió acelerar la contratación cuando ya estaba en liquidación. Ahora deberá explicar no solo por qué dejó comprometido ese dinero, sino qué resultados concretos recibirá el país a cambio.
