El camino legal para tres exfuncionarios de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, podría desembocar en la cárcel. Luego de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un fallo de primera instancia con sanciones de destitución e inhabilidad por hasta 14 años por intervención indebida en política, se abre ahora una posible investigación penal por el delito de concusión.
Los sancionados son Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social; Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales; y Fredy Alfonso Agudelo, exfuncionario de esa misma dependencia. De confirmarse la decisión en segunda y última instancia, el Ministerio Público trasladará el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay mérito para formular cargos penales.
La concusión, contemplada en el artículo 404 del Código Penal colombiano, se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o inducir la entrega de dinero o beneficios indebidos. Las penas por este delito incluyen hasta 15 años de prisión, multas que podrían superar los 213 millones de pesos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por hasta 12 años.
Reunión a puerta cerrada y aportes económicos
El caso se remonta a una reunión celebrada el 8 de agosto de 2021 en un inmueble del barrio El Poblado, presuntamente facilitado por el exfuncionario Fredy Agudelo. Según la Procuraduría, esta reunión fue convocada por Ramírez Álvarez y tuvo como propósito la promoción del movimiento político «Independientes», afín al exalcalde Quintero, bajo el lema “El futuro se parece a nosotros”.
Lo más grave, según el ente de control, es que en dicho encuentro se solicitó a los asistentes —funcionarios públicos— un aporte económico entre $300.000 y $1.000.000 para ingresar a la corporación del mismo nombre. Posteriormente, se comprobó que varios asistentes realizaron consignaciones a la entidad.
La Procuraduría señaló que la convocatoria, realizada en plena vigencia del calendario electoral para las elecciones presidenciales 2022-2026, configura una clara intervención en política desde la institucionalidad, hecho prohibido expresamente para empleados públicos.
Además, durante la reunión se recogieron los celulares de los asistentes y se depositaron en una caja transparente, medida que, según el fallo disciplinario, no solo desbordó las funciones de los organizadores, sino que también buscaba asegurar confidencialidad indebida en un evento de carácter político.
Presión a subordinados
El Ministerio Público también encontró evidencias de presión laboral para recaudar fondos. El exsubsecretario Juan Daniel Pulgarín fue señalado por requerir el 9 de agosto de 2021 a la servidora María del Pilar Rodríguez el pago de $800.000 como aporte obligatorio. La funcionaria, al negarse, habría sentido una presión tal que la llevó a presentar su renuncia.
Estas actuaciones fueron calificadas como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas con dolo, es decir, con plena conciencia de su ilegalidad.
Posibles nuevos implicados
El fallo también ordena la expedición de copias a la Fiscalía Seccional Medellín para que investigue un presunto falso testimonio por parte de Melissa Peláez, representante legal de la corporación “El futuro se parece a nosotros”. En su declaración bajo juramento ante la Procuraduría, Peláez habría intentado negar su asistencia a la reunión del 8 de agosto, lo que podría haber afectado el curso de la investigación disciplinaria.
Igualmente, se remitirá copia a la Secretaría de Gobierno de Medellín para que investigue el estatus legal y administrativo de la mencionada corporación, ya que en la reunión participó una persona distinta a la representante legal acreditada ante las autoridades.
Si la sanción es confirmada, la Fiscalía deberá determinar si se cumplen los elementos jurídicos del delito de concusión. De ser así, los exfuncionarios podrían enfrentar un juicio penal con consecuencias mucho más severas que la simple destitución administrativa.
