Destituida e inhabilitada exsecretaria de Educación de Medellín

En firme quedó el fallo en segunda instancia que destituye e inhabilita a Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín en la administración de Daniel Quintero, por irregularidades en contrato de Buen Comienzo.

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por ocho años para ejercer cargos públicos contra Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

La decisión disciplinaria está relacionada con su actuación en el contrato número 4600085185, suscrito con la corporación Colombia Avanza para ejecutar el programa Buen Comienzo, orientado a la atención de la primera infancia en la capital antioqueña.

Según lo establecido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, Agudelo vulneró principios fundamentales de la contratación pública, como la transparencia y la selección objetiva, al permitir la celebración directa de un convenio por más de 16.000 millones de pesos sin adelantar el proceso de licitación pública. El contrato incluía el suministro de bienes y servicios logísticos, lo que exigía un procedimiento abierto que garantizara la libre competencia.

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La Procuraduría señaló que la entonces secretaria firmó certificaciones que avalaban la idoneidad de Colombia Avanza como operador, omitiendo además la solicitud de múltiples ofertas, lo que eliminó la posibilidad de contar con otros oferentes y debilitó la legalidad del proceso.

Fallo

Aunque la defensa de Agudelo alegó que sus decisiones estuvieron respaldadas por asesoría técnica y jurídica, el órgano de control fue enfático al indicar que, en su rol como ordenadora del gasto, tenía la responsabilidad directa de velar por la correcta aplicación de la normatividad contractual.

Con esta sanción, se cierra uno de los capítulos más controversiales de la gestión del programa Buen Comienzo durante la administración Quintero, que ya había sido objeto de cuestionamientos por parte de veedurías y entes de control. La exfuncionaria no podrá ejercer cargos públicos por los próximos ocho años.

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