Colombia no está viviendo una transición presidencial normal; a un mes de la posesión del 7 de agosto, Abelardo De La Espriella ordenó suspender de inmediato el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro y acusó a la administración que termina de corrupción y de intentar desconocer el orden constitucional.
No es un episodio menor ni una simple pataleta política, pues el empalme es el mecanismo que permite saber qué recibe el nuevo gobierno, en qué estado quedan las entidades, cuáles contratos siguen vivos, qué decisiones se tomaron en la recta final y qué riesgos quedan sembrados para el país.
La tensión se agravó porque Petro pasó de confirmar que entregaría el poder el 7 de agosto a insistir en dudas sobre la legitimidad de la elección de De La Espriella, pese a que el Consejo Nacional Electoral confirmó oficialmente los resultados y observadores internacionales como la Unión Europea y el Centro Carter avalaron el proceso como transparente y confiable.
Según el escrutinio reportado por el CNE, De La Espriella obtuvo 12.960.166 votos frente a 12.708.312 de Iván Cepeda. En democracia, perder no autoriza a incendiar la confianza institucional; y gobernar hasta el último día tampoco significa convertir la entrega del poder en una puesta en escena de resistencia política.
Pero el símbolo más revelador llegó desde la propia Casa de Nariño, mientras el empalme entraba en crisis, el Dapre oficializó contratos por más de $120 millones para los retratos oficiales de Gustavo Petro y Francia Márquez, incluido un retrato presidencial de $75 millones.
La tradición de colgar los cuadros de mandatarios puede existir, pero el momento político vuelve el gesto profundamente provocador. En un país con sospechas sobre contratos, con acusaciones cruzadas de corrupción y con una transición congelada, que el gobierno saliente aparezca preocupado por inmortalizar su rostro antes que por garantizar una entrega clara del Estado no es apenas una anécdota estética, es una fotografía del poder mirándose al espejo mientras el país exige explicaciones.
De La Espriella, por su parte, también queda obligado a demostrar que su denuncia no es solo retórica de campaña extendida hasta la posesión. Si afirma que recibe un país destruido por la corrupción, debe convertir esa acusación en auditorías, hallazgos, denuncias penales y documentos públicos. La indignación sin pruebas puede movilizar, pero también puede volverse espectáculo.
Y del otro lado, si Petro asegura que entregará el poder de manera transparente, no basta con discursos, debe entregar información completa, trazable y verificable. La Contraloría ya pidió una transición pacífica y anunció una mesa técnica para garantizar el flujo de información; ese debería ser el mínimo institucional, no una concesión entre enemigos.
Por eso la ciudadanía no puede quedarse mirando esta pelea como si fuera un capítulo más de la polarización nacional. El poder que sale no es propiedad de Petro y el poder que entra no es propiedad de De La Espriella. El Estado pertenece a los colombianos, y los colombianos tienen derecho a saber qué se entrega, qué se oculta, qué se contrató, qué se comprometió y quién debe responder. La presión pública debe ser una sola: empalme abierto, contratos a la vista, auditoría independiente y cero tolerancia con la narrativa conveniente de lado y lado.
