La alta corte determinó que la decisión tomada por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en abril de 2024, fue una “arbitrariedad” que vulneró el debido proceso de la entidad aseguradora. Como resultado, el Gobierno deberá devolver Sanitas a sus propietarios, lo que deja en evidencia el desconocimiento de la crisis financiera que atraviesa el sector y de los factores estructurales que afectan su sostenibilidad.
En su providencia, la Corte no solo cuestionó la intervención, sino que realizó un análisis profundo del sistema de salud, enfatizando la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, el principal recurso que reciben las EPS para atender a sus afiliados.
El tribunal reiteró que esta insuficiencia ha sido señalada en múltiples autos judiciales que ordenaron su reajuste, sin que el Gobierno atendiera dichas advertencias. Además, la Corte destacó que la Superintendencia no verificó la relación entre el déficit financiero de las EPS y el bajo valor de la UPC, omisión que resultó clave en la vulneración de derechos a Sanitas.
El fallo también señaló que la intervención a Sanitas no solo no solucionó sus problemas, sino que los agravó. Según la Corte, tras la toma de posesión, aumentaron las quejas y acciones de tutela en su contra, al tiempo que sus indicadores financieros y técnicos se deterioraron de forma “ostensible”.
Las cifras revelan que las tutelas crecieron un 2,19 % y las PQR se dispararon un 46 %, alcanzando más de 25.000 casos entre abril de 2024 y enero de 2025. Esto, a juicio del abogado de Keralty, Juan David Riveros, demuestra que el objetivo del Gobierno no era rescatar a las EPS, sino profundizar la crisis del sistema.
La Corte fue contundente al enumerar los errores de la Superintendencia de Salud, acusándola de no valorar los autos judiciales sobre la crisis del sector y de emitir una resolución sin suficiente análisis sobre la solvencia financiera de Sanitas. Esta omisión, sumada a la falta de imparcialidad en el proceso, configuró una violación de la ley por parte de Luis Carlos Leal, hoy precandidato presidencial y promotor de la reforma a la salud.
El tribunal recalcó que la intervención se basó en un déficit financiero que debía evaluarse a la luz de factores estructurales, como la UPC insuficiente y los pagos tardíos de los Presupuestos Máximos.
Finalmente, el fallo dejó claro que el problema de fondo no es exclusivo de Sanitas: los recursos que reciben todas las EPS son insuficientes para cubrir la atención en salud y cumplir los requisitos financieros. Según la Corte, las aseguradoras se ven obligadas a priorizar la prestación de servicios sobre la constitución de reservas técnicas, comprometiendo su patrimonio y solvencia.
Este pronunciamiento marca un precedente para futuras intervenciones y reitera la urgencia de abordar la crisis del sistema desde sus verdaderas causas.
