Las declaraciones de Carlos Carrillo contra Daniel Quintero no pueden leerse como un enfrentamiento menor entre dos dirigentes de izquierda. Son la confirmación pública de una fractura que el petrismo intentó ocultar durante la campaña presidencial.
Carrillo calificó la llegada del exalcalde de Medellín a la Superintendencia de Salud como un “insulto al pueblo antioqueño y un tiro en el pie” para Iván Cepeda. Incluso sostuvo que esa decisión pudo costarle al oficialismo cientos de miles de votos en Antioquia. La cifra es difícil de demostrar, pero la acusación política es contundente al evidenciar que el Gobierno de Gustavo Petro habría privilegiado la protección de un aliado antes que la coherencia ética que decía representar.
Carrillo fue todavía más lejos, pues aseguró que Quintero tiene explicaciones pendientes por la presencia de personas cercanas a su proyecto político en la UNGRD durante la administración de Olmedo López. Señaló particularmente la Subdirección para la Reducción del Riesgo, por la que pasó Alethia Carolina Arango, exdirectora del Dagrd de Medellín, y desde donde, según su relato, se contrataron más de medio billón de pesos.
Estas afirmaciones no constituyen una condena judicial ni prueban por sí solas la responsabilidad de Quintero, pero sí obligan a preguntar por qué sectores vinculados al exalcalde tuvieron acceso a una entidad que terminó convertida en uno de los mayores focos de corrupción del Gobierno Petro. Cuando una denuncia viene de quien recibió la tarea de limpiar la UNGRD, no puede ser despachada simplemente como una pelea personal.
Quintero respondió diciendo que Carrillo lo estaba calumniando y responsabilizó tanto al exdirector de la UNGRD como a Abelardo De La Espriella por cualquier situación que afectara su seguridad o la de su familia. Sin embargo, su defensa no resuelve el problema de fondo, puesto que su llegada a la Superintendencia de Salud estuvo acompañada por el nombramiento de antiguos integrantes de su administración en Medellín, algunos sin trayectoria en el sector y otros con cuestionamientos jurídicos o administrativos.
Así, una entidad con capacidad para intervenir EPS, remover administradores y tomar decisiones sobre millones de usuarios terminó rodeada por la misma estructura política que acompañó a Quintero en la Alcaldía de la capital antioqueña. El debate, entonces, no es solamente sobre su inocencia o culpabilidad, sino sobre la inconveniencia de entregar semejante poder a un dirigente que divide incluso al propio progresismo.
Los resultados electorales muestran que Abelardo De La Espriella superó el 64 % de los votos en Antioquia, pero no permiten afirmar que Quintero haya sido el único responsable de la derrota de Cepeda en el departamento. De hecho, el candidato de izquierda había mejorado allí la votación obtenida por Petro en la primera vuelta de 2022.
Aun así, Carrillo toca una herida real: para una parte considerable de los antioqueños, Daniel Quintero dejó de representar renovación y pasó a simbolizar confrontación, clientelismo y sospecha, por eso sus declaraciones son más que un ajuste de cuentas, son el comienzo de una disputa por el futuro de la izquierda entre quienes reclaman coherencia frente a la corrupción y quienes todavía creen que las lealtades políticas pueden imponerse sobre las señales de desgaste ciudadano.
