El escándalo de los carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira vuelve a mostrar que el verdadero recorrido de los recursos públicos pudo ser mucho más largo que el de los propios vehículos.
Una investigación de la revista Cambio reconstruyó, mediante conversaciones, llamadas y registros de ubicación, la ruta de una presunta coima de $5.000 millones pactada por Sneyder Pinilla con el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso.
Parte de ese dinero habría terminado el 9 de enero de 2024 en un apartamento de Bogotá perteneciente a la abogada Irma Solangel Torres, entonces persona de confianza de Vladimir Fernández, quien era secretario jurídico de la Presidencia y hoy es magistrado de la Corte Constitucional.
Antes de viajar, Pinilla le escribió a su pareja que debía “entregar $”; al llegar a Bogotá se dirigió directamente al conjunto Balcones de Pablo VI, mientras Olmedo López recibía de Vladimir Fernández los datos de la torre y el apartamento y se los reenviaba.
Los registros ubicarían el teléfono de Pinilla en el inmueble de Torres y los mensajes muestran una coordinación casi minuto a minuto. Sin embargo, estas evidencias no demuestran por sí solas que el dinero fuera efectivamente entregado, cuál habría sido la cantidad ni con qué propósito. Tampoco prueban que Fernández conociera o participara en una operación ilegal, pero sí plantean interrogantes que una investigación seria no debería archivar por conveniencia.
El nuevo relato también golpea la versión que Pinilla presentó ante la justicia, ya que el exsubdirector aseguró que utilizó la coima para devolverle $4.267 millones, incluidos intereses, a un supuesto prestamista que habría financiado los sobornos pagados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara.
No obstante, el cruce de las celdas telefónicas no confirma que ambos hombres estuvieran juntos la noche señalada y la extracción forense no registra comunicaciones entre ellos durante el periodo en que supuestamente se acordaron el préstamo y su devolución. Si esa historia no resiste la comprobación técnica, la pregunta entonces es ¿a quién estaba protegiendo la versión del prestamista y dónde terminó realmente la plata?
La Contraloría ya emitió fallos de responsabilidad fiscal por más de $24.000 millones contra exdirectivos y contratistas por irregularidades relacionadas con la compra y el alquiler de carrotanques. Ahora aparece una posible ruta que se acerca a funcionarios del círculo jurídico de la antigua Presidencia y que, según la investigación periodística, permaneció durante años dentro del expediente sin un esclarecimiento suficiente.
