Con cinco votos a favor y uno en contra, la Comisión Primera de Hacienda y Asuntos Económicos de la Asamblea de Antioquia aprobó en primer debate el proyecto de valorización impulsado por el gobernador Andrés Julián Rendón.
La iniciativa avanza hacia la plenaria con una promesa de mejor conectividad regional y una preocupación igualmente concreta como lo es la contribución que podrían asumir los propietarios de predios beneficiados.
El respaldo en comisión representa una victoria política para la administración departamental, pero todavía no constituye una aprobación definitiva ni establece cuánto tendría que pagar cada afectado. Celebrar las futuras carreteras resulta prematuro si sus posibles financiadores aún necesitan claridad sobre la cuenta.
Los diputados José Luis Noreña, del Centro Democrático, y David Ruiz, de Creemos, defienden la propuesta por su aporte al desarrollo económico y al transporte de las subregiones. Argumentos aún insuficientes para dar por resuelta la discusión sobre su financiación.
La coalición que acompaña a Rendón tiene la responsabilidad de exigir explicaciones sobre las alternativas evaluadas, los aportes del Departamento y los límites de la contribución. El argumento de que Antioquia necesita vías no puede convertirse en una respuesta automática a cualquier objeción.
La Gobernación ha anunciado tratamientos especiales para población vulnerable y señala que deberán adelantarse estudios socioeconómicos y avalúos detallados antes de distribuir los cobros. Esas condiciones serán determinantes para evaluar el alcance de la medida, pues no existe todavía una cuenta individual definida ni puede afirmarse que todos los propietarios de estratos medios y altos pagarán por igual.
Sin embargo, permanece una dificultad que ningún discurso sobre competitividad resuelve y es que tener un inmueble que podría valorizarse no significa disponer del dinero para asumir una nueva obligación. Una familia puede conservar una vivienda o una parcela durante décadas sin que sus ingresos crezcan al ritmo del valor de la tierra.
La decisión también tendrá consecuencias políticas para los diputados que la respalden. De cara a las elecciones regionales de 2027, deberán explicar en sus territorios qué aprobaron, qué garantías exigieron y cómo protegieron la capacidad de pago de sus electores.
La plenaria tiene la oportunidad de someter la propuesta a un examen riguroso sobre beneficiarios, costos, plazos y responsabilidades. Si esas respuestas quedan relegadas al entusiasmo por acompañar al gobernador, la coalición habrá asumido un riesgo que después no podrá atribuir únicamente a la administración.
