En Colombia la realidad depende del formulario. Si usted llena el correcto, el país mejora; si llena el otro, el país se desangra. El diario El Colombiano puso el dedo en la llaga con un dato que no cabe en ninguna rueda de prensa al señalar que 1.062 homicidios ocurridos en 2025 no aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa, porque el Gobierno usa como base los reportes de Policía, mientras Medicina Legal consolida un total mayor.
Los números son concretos. Medicina Legal registró 14.788 homicidios en 2025, en cambio, el conteo que alimenta los informes de Defensa y las intervenciones del presidente se queda en 13.726, lo que arroja como resultado 1.062 muertes de diferencia.
La historia cambia según cuál cifra se decida mostrar. Con Medicina Legal, 2025 aumentó en 871 homicidios frente a 2024, y 10 de 12 meses estuvieron por encima del año anterior; mayo fue el más violento con 1.288 casos. Con el balance de Policía/Defensa, el incremento se ve ‘más amable’ con 229 casos.
¿Dónde quedaron esas muertes?
Según el análisis citado por El Colombiano, desde 2019 la Policía habría dejado de contabilizar como homicidios ciertos hechos en contextos específicos como muertes en combates o enfrentamientos, o procedimientos donde se alega uso legítimo de la fuerza; también se menciona legítima defensa ciudadana y homicidios preterintencionales como parte del universo que genera la brecha frente a Medicina Legal y, por tanto, Fiscalía.
En otras palabras, las muertes existen (necropsias, expedientes, despachos), pero el indicador principal decide no contarlas. El propio artículo pone un ejemplo territorial que debería preocupar a cualquiera que viva fuera de Bogotá y es que si en un combate en el sur de Bolívar hay diez muertos y eso no entra al indicador, el mapa se ‘desviolenta’ por decreto estadístico.
Lo que responde MinDefensa
El Ministerio de Defensa sostiene que el ajuste responde a un acuerdo con el DANE y el Comité de Justicia y Seguridad del Sistema Estadístico Nacional, adoptando una clasificación internacional y usando como indicador principal el homicidio intencional, el más utilizado globalmente.
Esa noción existe para estándares internacionales, el homicidio intencional se entiende como una muerte ilícita infligida deliberadamente por una persona a otra, pero aquí viene el punto incómodo, pues si la discusión es técnica, la comunicación pública no puede ser selectiva. En un país donde la confianza en cifras es frágil, presentar solo el indicador más conveniente sin explicar qué excluye es gasolina.
En Medellín y Antioquia, donde la seguridad define elecciones, presupuestos y agenda mediática, una diferencia de mil homicidios no es un matiz, es el tamaño del problema, y mientras la estadística se acomoda, el ciudadano sigue pagando el costo en miedo, en extorsión, en barrios donde la noche manda más que la ley.
