El Pacto Histórico cantó victoria ‘extraordinaria’ por su consulta del 26 de octubre, sin embargo, al revisar minuciosamente, la participación total fue de 2,71 millones, de los cuales 379.402 tarjetones fueron nulos o no marcados. Es decir, el caudal efectivo para los candidatos rondó los 2,33 millones. Con esos números, Iván Cepeda obtuvo la nominación con el 65 % de los sufragios válido.
En agosto, la firmas encuestadoras registraron 35,0 % de aprobación a la gestión de Gustavo Petro y una desaprobación del 58 %, resultado que no refleja ese respaldo potencial en la consulta.
Con un censo que superó los 40,8 millones de habilitados en 2024 (base comparable para 2026), y asumiendo un abstencionismo cercano al 45 %, un 35 % de simpatía debería convertirse —grosso modo— en 7,7 millones de votos dentro de un universo de 22 millones de votantes probables. El domingo, el Pacto convirtió apenas 2,3 millones. ¿Dónde quedaron los otros 5,4 millones que prometían las encuestas?
El oficialismo responde que no es comparable, puesto que la consulta fue ‘fría’, sin certificado electoral, y solo para su base, mientras que en 2022 la consulta coincidió con legislativas y el Pacto atrajo votación de liberales y verdes en pleno auge del ciclo de protesta. Aun concediendo ese argumento, la comparación interna no es alentadora: más de 5 millones en la consulta de 2022 a 2,3 millones útiles en 2025. Y si miramos la cota más alta del petrismo —11,29 millones en segunda vuelta de 2022—, el retroceso como maquinaria electoral es inocultable.
Hay además, uno de cada siete votos fue nulo o no marcado, que equivalen a un 14 %. Esto habla posiblemente de desinterés, confusión operativa y falta de pedagogía política en una jornada diseñada, supuestamente, para medir músculo y ordenar listas al Congreso.
La pregunta estratégica entonces es si el Gobierno insiste en que su agenda social, subsidios y presencia territorial consolidaron un piso del 35 %, ¿por qué ese capital simbólico no se traduce en votos contantes? Tres hipótesis de trabajo:
Desalineación entre opinión y comportamiento electoral. La aprobación de gestión es volátil y no siempre se convierte en voto en un evento no obligatorio y sin incentivo.
Problemas de movilización. El andamiaje territorial luce desarticulado; los aliados que jalonaron en 2022 hoy están fracturados o replegados.
Fatiga de gobierno. Tras tres años, la narrativa de cambio perdió tracción frente a inseguridad, costos de vida y peleas políticas que saturan a los indecisos.
En Antioquia y el Eje, donde el petrismo ya tenía suelos bajos desde 2022, la señal es más ruda con una oposición galvanizada, redes conservadoras aceitadísimas y opinión local enfocada en seguridad y empleo. Esa atmósfera, sumada al ruido jurídico de la retirada de Daniel Quintero, que igual terminó con 140–145 mil votos por aparecer en el tarjetón, alimentó la percepción de ‘desorden’ más que de consolidación.
El resultado deja una verdad incómoda para la izquierda gobernante en la que no hay correlación automática entre micrófono y urna. El Presidente comunica mucho, pero no necesariamente persuade fuera de su nicho. Y cuando el jefe de Estado monopoliza el debate cotidiano, también concentra el desgaste.
Cada polémica le resta fuerza a su candidato. Para el Pacto, la tarea no es celebrar porcentajes internos sino reconstruir coalición social con seguridad sin ambigüedades, economía popular con resultados medibles, y una campaña menos reactiva y más pedagógica.
