El presidente Gustavo Petro defiende la medida como una estrategia para garantizar estabilidad fiscal hasta 2027, pero el trasfondo es que sin aprobación, el Gobierno se verá obligado a aumentar el endeudamiento externo. En otras palabras, la ciudadanía está entre la espada y la pared: pagar más impuestos o heredar más deuda a las próximas generaciones.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó un documento de 86 artículos que propone subir o crear tributos en varios frentes. Entre las medidas más polémicas se cuentan el incremento al impuesto a los combustibles (gasolina y ACPM) en los próximos dos años, el IVA al sector de apuestas y juegos de azar, el cobro de renta a las iglesias por sus actividades comerciales —no religiosas— y la tributación de las plataformas digitales de streaming como Netflix, Amazon Prime o HBO. Incluso plantea gravar con un 19 % las boletas a cine, fútbol, conciertos o espectáculos cuando superen los $470.000.
Uno de los puntos más controvertidos es el aumento de la sobretasa al impuesto de renta que ya pagan bancos, aseguradoras y sociedades comisionistas. Actualmente enfrentan una tarifa del 40 % (cuando la general es del 35%), pero el Gobierno propone llevarla hasta el 50 %. Además, se elevan los impuestos sobre personas con ingresos superiores a 1.700 UVT anuales (unos $84,6 millones en 2025), el impuesto al carbono y los gravámenes a licores, cigarrillos y tabaco. Aunque el Ejecutivo asegura que no tocará la canasta familiar, muchos sectores advierten que estos cambios encarecerán la vida cotidiana de los colombianos.
Mientras tanto, analistas independientes y gremios empresariales cuestionan que el proyecto no ataque de raíz los problemas estructurales del gasto público. La discusión no debería ser solo cuánto más puede sacarse del bolsillo del contribuyente, sino cómo se administra lo que ya se recauda.
El Gobierno insiste en que los nuevos ingresos financiarán programas sociales, educación, salud y seguridad, pero las experiencias de reformas pasadas generan escepticismo. Gran parte de la ciudadanía, golpeada por la inflación y la informalidad, percibe la reforma más como una imposición que como una solución.
En el Congreso, la batalla será intensa. Desde ya, la oposición denuncia un ‘paquete fiscal insostenible’ y acusa al Gobierno de usar la estabilidad como chantaje político. Colombia sigue atrapada en un modelo económico que no logra equilibrar recaudo, gasto y desarrollo.
La gran pregunta es si esta vez la reforma logrará pasar el filtro legislativo y social, o si la inconformidad ciudadana volverá a encender las calles. Por ahora, lo único claro es que Petro y su ministro de Hacienda pusieron a los colombianos a debatir, otra vez, entre más impuestos o más deuda.
