En una intensa jornada legislativa, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 24 de los 62 artículos que componen la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Con este avance, la iniciativa alcanzó el 37% de aprobación, pero su discusión fue suspendida hasta febrero de 2025, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias.
El Gobierno celebró el avance en medio de un ambiente de polarización. Mientras algunos congresistas destacan los cambios que traerá al sistema de salud, otros alertan sobre los riesgos y la falta de claridad en su implementación.
Cambios propuestos por la reforma
La reforma plantea transformaciones significativas en el acceso y organización del sistema de salud. Entre las más destacadas se encuentran:
Atención territorializada: Los ciudadanos deberán inscribirse en Centros de Atención Primaria en Salud – CAPS cercanos a su lugar de residencia. Estos centros serán la primera puerta de acceso al sistema, complementados por brigadas médicas que visiten zonas rurales y de difícil acceso.
Desaparición de las EPS: Las actuales Entidades Promotoras de Salud se convertirán en Entidades Gestoras de Salud y Vida – EGSV, encargadas de coordinar redes de prestadores, gestionar remisiones y auditar servicios.
Afiliación por departamentos: La reforma propone que las EGSV operen territorialmente, limitando la afiliación de los ciudadanos a las entidades presentes en sus departamentos de residencia. Esto centraliza la gestión y busca optimizar recursos, pero genera preocupaciones sobre el acceso equitativo.
División en la bancada antioqueña
El proyecto dividió a la bancada antioqueña. De los 18 representantes, 11 manifestaron su oposición, argumentando que la reforma carece de un plan de transición adecuado y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema actual. Entre ellos están miembros del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, quienes alertan sobre posibles crisis hospitalarias y falta de financiación.
Por otro lado, siete representantes respaldaron la iniciativa, incluyendo miembros del Pacto Histórico, la Alianza Verde y algunos liberales. La representante María Eugenia Lopera, coordinadora de la ponencia positiva, defendió la reforma como un paso necesario para garantizar el acceso universal a la salud.
Debate jurídico sobre la constitucionalidad
Un nuevo obstáculo surgía este miércoles, cuando un concepto técnico del Congreso sugirió que la reforma debería tramitarse como ley estatutaria, debido a su impacto en el derecho fundamental a la salud. Esto implicaría mayorías más amplias para su aprobación. Aunque el presidente Petro defendió el procedimiento actual, expertos advierten que la Corte Constitucional podría evaluar este punto, poniendo en riesgo la viabilidad de la reforma.
Con el debate aplazado hasta febrero de 2025, el futuro de la reforma a la salud sigue siendo incierto. Mientras tanto, la división política y las críticas técnicas mantienen vivo el debate sobre la necesidad de un cambio estructural en el sistema de salud colombiano y la mejor manera de implementarlo sin sacrificar derechos fundamentales ni estabilidad financiera.
