Polémica por afectaciones a municipios del suroeste antioqueño

El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Agricultura aprobó la resolución que da vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPA-, la cual delimitará en polígonos el uso del suelo con fines de producción alimentaria, decisión que podría afectar la vocación económica de los 23 municipios de la subregión del suroeste antioqueño.

La Resolución 377 de 2024, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha generado una ola de críticas y preocupación en Antioquia. Esta normativa, que establece Zonas de Protección para la Producción de Alimentos -ZPPA- en el suroeste del departamento, afecta aproximadamente 250.000 hectáreas, lo que equivale al 39,2% del territorio de 23 municipios.

Ante esta situación, varios actores políticos se han pronunciado al respecto, lo que ha desatado una polémica. Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Nicolás Albeiro Echeverry, quien señaló que la resolución viola principios fundamentales de la Constitución de 1991, especialmente en lo relacionado con la autonomía territorial garantizada por los artículos 287 y 311. “El Ministerio de Agricultura se excedió en sus competencias al imponer estas determinaciones sin la debida coordinación con las autoridades locales, lo que constituye una grave violación al ordenamiento jurídico”, afirmó.

Entre las principales críticas, destacó:
Falta de concertación: No se realizaron consultas con las comunidades locales ni con los actores económicos afectados, incumpliendo la Ley 99 de 1993, que exige participación ciudadana en decisiones ambientales y de uso del suelo.
Impactos económicos: Las restricciones impuestas podrían afectar sectores como la minería, el turismo y la ganadería, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Incertidumbre jurídica: La falta de claridad en los criterios para delimitar las ZPPA genera temor entre propietarios y empresarios, poniendo en riesgo inversiones y derechos adquiridos.

Echeverry convocó a un debate de control político en el Congreso, exigiendo explicaciones al Gobierno Nacional y demandando transparencia en el proceso. Además, solicitó estudios técnicos sobre el impacto socioeconómico de esta medida antes de su implementación definitiva.

En un encuentro realizado en Ciudad Bolívar, el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, respaldó la acción del senador Echeverry y anunció que desde la Gobernación se interpondrá una demanda contra la resolución. “Esta normativa bloquea el progreso y desarrollo de una región cafetera, trabajadora y esencial para la productividad del país. No permitiremos que se usurpe la autoridad de nuestros municipios”, declaró.

El mandatario también criticó la falta de consideración hacia la vocación económica del territorio. “Para Betulia, por ejemplo, se recomiendan cultivos como arroz y lulo, cuando su economía es eminentemente cafetera. Cambiar la vocación económica afecta la competitividad y productividad de la región”, advirtió el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna.

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El Gobernador destacó el compromiso de Antioquia con la lucha contra el hambre, pero hizo énfasis en la necesidad de hacerlo con medidas que respeten la autonomía territorial y promuevan el desarrollo sostenible.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia del partido Centro Democrático, se ha posicionado como uno de los más férreos opositores a esta iniciativa. Según Cadavid, aunque las ZPPA podrían traer beneficios al país, su propósito real parece ser un ataque encubierto a la minería en la subregión. “No hacen un tratamiento parcial del Suroeste, o de municipios del Suroeste y tomando a algunos del Occidente. No, es una delimitación precisa del Suroeste antioqueño, de los 23 municipios, y podemos intuir que el primer objetivo de ellos se llama la minería”, expresó.

El congresista destacó que actividades como la extracción de oro, carbón y piedra caliza en municipios como Amagá y Angelópolis, bases económicas de estos territorios, están en riesgo. También mencionó el proyecto de Quebradona, que busca extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de oro entre Jericó y Támesis, y que enfrenta oposición tanto del gobierno de Gustavo Petro como de algunos líderes locales.

Un llamado a la unidad regional

Alcaldes, gremios, autoridades ambientales, diputados y congresistas han unido fuerzas para exigir al Ministerio de Agricultura que rectifique. La resolución no solo representa un riesgo para la economía regional, sino también una amenaza a los principios democráticos que garantizan la participación ciudadana y el respeto por la diversidad económica y cultural del territorio.

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