Juan Carlos Pinzón decidió volver al centro del debate por donde hoy se gana atención y se mide la paciencia del país: la seguridad. Su plan, bautizado “Tolerancia Cero” es una propuesta de recuperación del control territorial con un mensaje directo: Colombia no despega mientras la gente viva con miedo*. Y en esa frase, que el exministro repite como columna vertebral, está el cálculo político que es hablarle a una ciudadanía que percibe que el crimen organizado avanzó más rápido que el Estado.
El planteamiento de Pinzón parte de una premisa que busca ordenar la discusión y que el Estado debe “recuperar plenamente el monopolio de la fuerza, la justicia y el control del territorio”. Para eso propone una mezcla de autoridad, tecnología, inteligencia, cooperación internacional y una justicia que, según su enfoque, deje de llegar tarde.
La estrategia se organiza en seis frentes simultáneos que son seguridad ciudadana, fortalecimiento de la Fuerza Pública, respuesta judicial, combate al crimen organizado, control territorial y seguridad fronteriza.
En el componente urbano, “Tolerancia Cero” pone una meta de alto impacto como lo es intervenir de manera focalizada las 50 ciudades más críticas en los primeros 100 días de gobierno. La idea es atacar los puntos calientes con apoyo de analítica predictiva e inteligencia artificial y reducir el homicidio a un solo dígito. A esto se suma la propuesta de aumentar el pie de fuerza policial hasta acercarse al 80 % del estándar internacional y radicar un proyecto de cadena perpetua para feminicidas.
Pinzón propone un incremento de 100.000 efectivos en tres años (70 % Fuerzas Militares y 30 % Policía) y el llamado de 30.000 reservistas en los primeros 100 días. En paralelo, propone tribunales 7×24 y la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad con 80.000 cupos, una apuesta por endurecer el sistema penitenciario para enfrentar redes criminales con mayor control.
En cuanto al control territorial, el precandidato marca distancia de la política de ceses al fuego y zonas de despeje. Su prioridad serían regiones como Cauca y Catatumbo, donde el Estado aparece intermitente y el crimen no negocia sino que es el que administra, cobra y decide.
