Lo que desató Gustavo Petro no fue una simple pelea de X, fue algo más delicado, el mandatario afirmó que existirían informes de inteligencia sobre conversaciones entre Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, de Thomas Greg & Sons, en las que, según su versión, se hablaría de la devolución del contrato de pasaportes a cambio de algoritmos que le asegurarían la Presidencia.
El problema no es solo la gravedad de la acusación, sino el vacío probatorio con el que fue lanzada al debate público. En una campaña ya convulsionada, insinuar una operación electoral clandestina sin exhibir evidencias convierte la sospecha en arma política y a la inteligencia en munición discursiva.
La reacción de De La Espriella era previsible, negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista, retó a Petro a mostrar las supuestas conversaciones y denunció una posible violación ilícita de comunicaciones. Incluso su equipo jurídico ya llevó el caso a la Comisión de Investigación y Acusaciones, mientras distintos medios reportan que la controversia gira precisamente alrededor de si el presidente ventiló datos provenientes de organismos de inteligencia o si todo hace parte de un montaje político.
Y ahí está el punto de fondo, pues en democracia no basta con que algo suene creible para que el poder pueda decirlo sin costo. Si hay pruebas, deben presentarse; si no las hay, el Estado no puede parecer un productor de rumores con membrete oficial.
Pero este episodio tampoco puede leerse por fuera del expediente Thomas Greg, la confrontación entre el Gobierno y esa firma viene de atrás, la disputa por la licitación de pasaportes arrastra denuncias de presunto amaño desde 2023, decisiones de urgencia manifiesta, prórrogas, demandas retiradas y un accidentado tránsito hacia un modelo estatal con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal.
Petro, además, venía defendiendo el nuevo esquema y señalando que Thomas Greg no habría entregado aún las claves necesarias para devolver la información de los usuarios. Es decir, la pelea no nació con De La Espriella, pero al meterlo en la ecuación el presidente convirtió un litigio contractual y administrativo en un explosivo episodio electoral, y cuando el poder mezcla contratación pública, inteligencia y campaña presidencial, lo que crece no es la confianza, es la sospecha.
Petro alimenta la narrativa de un complot en su contra y de una estructura que querría arrebatarle al Estado el control de datos sensibles; De La Espriella se victimiza y refuerza su perfil de perseguido por el establecimiento oficial. Ambos capitalizan el escándalo y el que pierde, otra vez, es el ciudadano, obligado a escoger entre versiones incendiarias sin acceso a hechos verificados.
En vez de elevar el debate sobre transparencia electoral, protección de datos o límites del poder presidencial, el país queda atrapado en el espectáculo de la insinuación.
Y ese quizá sea el dato más preocupante de todos, y es que a pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo, Colombia no está discutiendo programas, sino interceptaciones; no está evaluando propuestas, sino filtraciones, trinos y supuestos informes.
