En medio de una crisis fiscal y un panorama de incertidumbre legislativa, el presidente Gustavo Petro ha redoblado su apuesta por la consulta popular con una estrategia que combina presión desde las calles, movilización de bases sociales y uso intensivo de recursos estatales.
“Si el Senado no se pronuncia en 30 días, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, como dice la ley”, afirmó Petro este lunes durante un Consejo de Ministros, evidenciando su determinación de llevar adelante el mecanismo cueste lo que cueste.
Movilizaciones con respaldo logístico y financiero del Estado
La movilización social que desembocará en las marchas del 1 de mayo no comenzó esta semana. Desde la semana pasada, más de 20.000 indígenas comenzaron a trasladarse hacia Bogotá. Muchos de ellos se instalaron en la Universidad Nacional.
Al tiempo que se agudizaba la polémica, la senadora María Fernanda Cabal reavivó denuncias sobre el uso de recursos públicos para financiar estos movimientos. Según ella, durante el Gobierno Petro, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) ha recibido contratos estatales por más de $95.000 millones, incluyendo pagos millonarios a asesores espirituales y delegados políticos.
Este es uno de los primeros convenios que se firmarán en los próximos días entre el CRIC y Gustavo Petro. En total serán 300.000 millones de pesos para el año 2025. Así están movilizando las comunidades indígenas a las marchas y aceitando la máquinaria de la consulta popular. pic.twitter.com/EOwFZ3OgAi
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 29, 2025
Aunque el apoyo de sectores indígenas, centrales obreras y movimientos estudiantiles al Gobierno no es nuevo, la estrategia de movilización masiva se interpreta como una herramienta de presión directa al Congreso. “Este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes. Llegó la hora del pueblo colombiano”, escribió Petro en su cuenta de X, anunciando su presencia en la Plaza de Bolívar, donde prometió “desenvainar la espada de Bolívar”.
Gasto público y presión institucional
A la par de las movilizaciones, el Gobierno ha desplegado una ofensiva institucional para promover la consulta. Ministerios como el del Interior y el del Trabajo han destinado personal, canales oficiales y hasta plataformas digitales para hacer campaña en favor del mecanismo, antes incluso de que el Congreso lo autorice. Según funcionarios del Ministerio del Trabajo, reciben instrucciones directas desde Presidencia. Lo mismo ocurre con otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección – UNP, que se han volcado a promover la consulta sin tener una relación directa con su contenido.
La Contraloría General de la República ha alertado sobre el costo del proceso, estimado entre $500.000 y $700.000 millones, en momentos en que el país enfrenta serias dificultades presupuestales. “Si usted le va a colocar una carga adicional de $700 mil millones, pues tendrán que salir de alguna parte”, advirtió el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Petro vs. CRC y medios
La ofensiva gubernamental también tropezó con la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, que negó una solicitud para emitir un programa televisivo promoviendo la consulta y las marchas. Petro reaccionó acusando al organismo de incurrir en prevaricato y aseguró que apelará la decisión. Durante el Consejo de Ministros del lunes, el presidente criticó además al Consejo de Estado por limitar la transmisión de estas reuniones por canales privados.
En su noveno consejo transmitido desde febrero, Petro comentó una a una las doce preguntas propuestas para la consulta y confirmó que él mismo presentará el texto formal ante el Senado este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se espera que lo acompañen varios ministros y figuras afines, con un ingreso simbólico que podría incluir la urna con la espada de Bolívar.
Sin embargo, todo este despliegue ocurre mientras el país enfrenta una creciente crisis de seguridad. Solo el pasado fin de semana, seis miembros de la fuerza pública fueron asesinados y otros diez secuestrados por disidencias armadas. Mientras tanto, temas críticos como la reforma a la salud y la laboral siguen estancados.
