El Pacto Histórico ganó en las urnas, pero ahora tendrá que mirar de frente a los estrados. La coalición que se convirtió en la principal fuerza del Senado quedó bajo presión tras el anuncio de una demanda de nulidad electoral que busca tumbar su lista a la cámara alta, en una jugada que no cuestiona cuántos votos sacó, sino la forma en que llegó a pedirlos.
Los abogados Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez sostienen que durante el proceso de inscripción se habría producido una modificación irregular en la naturaleza de la lista, que pasó de presentarse como coalición a proyectarse ante el electorado como un movimiento unificado.
El corazón del pleito no es un error de trámite cualquiera sino una presunta transgresión a las reglas del juego electoral que, de probarse, podría comprometer la legalidad de toda la elección de los senadores del bloque oficialista.
De acuerdo con el planteamiento jurídico de los demandantes, la lista habría sido inscrita en un comienzo como coalición, pero más adelante habría sido presentada ante los votantes como un movimiento unificado a lo largo de la campaña.
A juicio de los abogados, esa variación podría configurar un presunto desconocimiento de la ley electoral colombiana, al ir en contravía de las normas vigentes sobre el mecanismo de inscripción.
La importancia de esta demanda es alta por el peso político que tiene la lista cuestionada, ya que en las elecciones recientes, el Pacto Histórico se ratificó como la principal fuerza política del país al conseguir 25 curules en el Senado, lo que representa el 22,72 % de la votación total, con más de cuatro millones de sufragios. Por eso, una demanda de esta naturaleza golpea al partido, sacude la arquitectura del nuevo Congreso y reabre el debate sobre si en Colombia basta con ganar o también hay que pasar intacto el examen jurídico de cómo se compitió.
Lo más incómodo para el oficialismo es que este nuevo ruido aparece cuando todavía no se enfrían del todo otras controversias alrededor de la inscripción de sus listas y aunque hasta ahora no hay una respuesta oficial contundente del Pacto Histórico frente al anuncio de los demandantes, el mensaje político ya quedó instalado como la fuerza que presume mayoría también carga una fragilidad legal que puede convertirse en munición para sus adversarios.
