En un giro inesperado, la Juez Promiscuo Municipal de Campamento, Alexandra Marín, se declaró impedida para adelantar la audiencia de imputación de cargos contra Héctor Gómez Trujillo, actual personero auxiliar distrital de Medellín y exalcalde de Campamento. Según explicó, la decisión obedece a un posible conflicto de intereses, pues una pariente cercana, presuntamente una prima en segundo grado de consanguinidad, trabaja en la Personería Distrital bajo contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-.
La audiencia, programada para este miércoles en el municipio de Campamento, en el norte de Antioquia, buscaba que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Antioquia, presentara los cargos formales contra Gómez Trujillo. Los delitos que se le imputan son contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros. Además, la Fiscalía tenía planeado solicitar una medida de aseguramiento en su contra.
Con el impedimento declarado por la jueza Marín, el caso deberá trasladarse al Juzgado Promiscuo Municipal de Yarumal, que decidirá los próximos pasos en el proceso judicial contra Gómez Trujillo.
La situación ha generado revuelo, no solo por la gravedad de los cargos imputados, sino también por la permanencia de Gómez Trujillo en su cargo a pesar de las acusaciones. Diversas voces han cuestionado la decisión del Personero Distrital, Mefi Boset Rave Gómez, de mantener en su equipo a un funcionario acusado de delitos contra la administración pública.
Este episodio se suma a otros recientes desaciertos en la Personería de Medellín, como el cuestionado caso del beso a la camioneta y la contratación de un polémico comunicador acusado de tentativa de homicidio. Estos hechos han puesto en entredicho la gestión de Boset y han llevado a algunos sectores a preguntarse sobre los intereses o ‘guardados’ que podrían estar detrás de su negativa a desvincular a Gómez Trujillo.
Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer en un estado social de derecho, la permanencia de un funcionario de primer nivel con acusaciones de este calibre genera serias preocupaciones sobre la transparencia y la imagen del ministerio público local. Más aún, considerando el papel de la Personería como garante de los derechos humanos y ente disciplinario en el ámbito local.
