La escena ya es conocida, se sientan Gobierno, empresarios y sindicatos, no hay acuerdo, y el Ejecutivo remata por decreto. Solo que esta vez el martillo cayó con fuerza inédita y el salario mínimo de 2026 sube 23,7 % y queda en $2.000.000 con auxilio de transporte.
En la narrativa oficial, no es salario mínimo, es salario mínimo vital familiar. El presidente lo presentó así: “Pasamos a un salario mínimo vital familiar…” y lo amarró a la idea de canasta vital.
El problema es que, en Colombia, el mínimo no es solo un ingreso sino un multiplicador en el que se mueven tarifas, aportes, contratos, presupuestos, pasajes… y, al final, el costo de vivir.
En el análisis citado por diversos medios de comunicación, el ajuste técnico, es decir, la inflación esperada + productividad, daba un aumento cercano al 6,22 % para 2026, sin embargo, el decreto se fue 17,5 puntos por encima. Y como desde julio de 2026 la jornada bajará a 42 horas semanales, el mínimo por hora subiría 28,5 %. Para el trabajador, suena a victoria. Para una empresa de márgenes delgados, suena a choque.
Aquí está la primera tensión que pocos quieren decir en voz alta y es que un salario más alto no es automáticamente un mejor salario si el mismo sistema está diseñado para devolverlo por ‘el otro bolsillo’ que es la indexación, los servicios y el crédito.
La economía colombiana tiene una palabra que debería estar en la portada de este debate y la indexación, pues al moverse el mínimo, se reacomodan costos y precios.
Los canales de transmisión hablan de más costos laborales, más demanda de hogares cercanos al mínimo y, sobre todo, la indexación de tarifas y contratos, lo que sugiere, según expertos, que por cada 100 puntos básicos de aumento del mínimo por encima del umbral técnico, la inflación puede acelerarse; con la brecha actual, las presiones podrían sumar cerca de 242 puntos básicos a la inflación de 2026.
Esto se traduce en más caro el servicio doméstico, vigilancia, aseo, consultas privadas; más altos aportes a salud y pensión para independientes porque no pueden cotizar por debajo del mínimo; y, si el Banco de la República responde a presiones inflacionarias, el crédito se encarece.
El Estado no presupuestó esto
El exministro Diego Guevara advirtió que el presupuesto 2026 se armó con una proyección de aumento cercana al 7 %, con el salto a 23,7 %, el desajuste es mayúsculo. La cuenta que aparece entre salarios y pensiones atadas al mínimo, el hueco puede ampliarse en cerca de 30 billones.
Y viene el dominó pensional en el que más de un millón de personas recibe pensiones atadas al mínimo, y en Colpensiones el costo del aumento se estimó en el orden de 4 billones de pesos.
El conflicto político de fondo entonces es que el Gobierno decreta un aumento histórico mientras en paralelo se discute la caja, el déficit, y la sostenibilidad de compromisos atados al mismo indicador que acaba de inflar.
La microempresa, la gran olvidada
Aunque el trabajador reciba alrededor de $1,746 millones, para el empresario la carga total puede subir a $2.975.592 al sumar auxilio, prestaciones y aportes. Y una advertencia que suena a anticipo de 2026 es que ese diferencial no estaba presupuestado y puede traducirse en recortes en el personal.
En Colombia, donde una parte enorme de la ocupación se mueve entre informalidad y microempresa, esta es la pregunta incómoda: ¿a cuántos trabajadores se les mejora el ingreso y a cuántos se les empuja hacia afuera del empleo formal? El propio debate gremial recuerda que cerca del 49 % de ocupados gana menos de un mínimo y solo una fracción recibe exactamente el mínimo.
En Antioquia el mínimo no se siente solo en la nómina, se siente en la tarifa
Asocapitales advirtió que el alza puede sumar más de $200 por pasaje en ciudades por el peso de mano de obra en costos operativos y Medellín aparece explícitamente, puesto que, aunque el sistema del Valle de Aburrá tenga mejor equilibrio relativo, el aumento impacta costos de operación y puede traducirse en mayores transferencias públicas o reprogramación de inversiones.
Entonces el debate deja de ser abstracto, pues si sube el pasaje, sube el costo de trabajar. El salario aumenta… y una parte vuelve a salir todos los días por el torniquete.
Cuando el aumento se parece a campaña
El Gobierno defiende que busca reducir desigualdad y “democratizar riqueza”. Los gremios, en cambio, hablan de “puesta en escena”.
El corazón del problema es que cuando el salario mínimo se convierte en símbolo político, el costo real se posterga y se reparte sin debate honesto en tarifas indexadas, en déficit fiscal, en empleo informal y en crédito más caro.
El aumento puede aliviar a millones de hogares, sí, pero también puede ser un impuesto invisible si acelera precios, dispara costos públicos y ahoga empleadores pequeños.
La discusión de 2026 debería ser ¿qué parte del aumento vuelve en inflación y tarifas?, ¿qué recortes o deuda asumirá el Estado para pagar nómina y pensiones indexadas?, ¿cuánto empleo formal se pone en riesgo en microempresas que ahora enfrentan costos reales cercanos a $3 millones por trabajador?.
En Antioquia, donde la economía real vive de comercio, servicios y pequeñas empresas, el salario vital solo será vital si no se convierte en el motor de una nueva vuelta de inflación, informalidad y deterioro de servicios públicos locales.
