El Estado contratando con diplomas “a la medida”

Cathy Juvinao denuncia 24 títulos presuntamente irregulares de la Fundación Universitaria San José usados para vincular personal en al menos 16 entidades del Gobierno Petro, con pagos que superarían $1.100 millones.

La representante Cathy Juvinao puso a los medios colombianos a hablar de un presunto “cartel de diplomas irregulares” expedidos por la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían terminado contratados o vinculados como funcionarios en por lo menos 16 entidades del Gobierno nacional. Entre 2023 y 2025, esas vinculaciones le habrían costado al Estado más de $1.100 millones.

El paquete de hallazgos resume 24 casos y dos modalidades. La primera es seis personas habrían obtenido su diploma sin registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro; la segunda es que 18 sí presentaron Saber Pro, pero después de graduarse, lo que, según la congresista, choca con la regla de que el examen sea requisito previo para expedir el título.

En la lista de entidades parece el SENA con 10 casos; también la UNP, Invima, Ministerio de Transporte, la DIAN, el DANE, Superservicios, Dapre, Aeronáutica Civil, Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras. En al menos un caso, una misma persona habría tenido contratos en más de una entidad.

Semana TV recogió una escena que parece sátira: un funcionario vinculado a la DIAN figura graduado el mismo día en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. Juvinao lo llamó “uno de los casos más graves” y soltó la pregunta que cualquier ciudadano se haría: “¿quién humanamente se gradúa de cuatro carreras el mismo día?”. En ese espacio habló de “títulos chimbos”, de “universidad de garaje” y hasta de “gobierno de la mediocridad”.

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El problema, sin embargo es la cadena completa. ¿Qué revisó la entidad contratante? ¿Qué verificó talento humano? ¿Dónde quedaron los controles cruzados? Juvinao también dijo tener “muchas inquietudes” sobre el papel del Icfes y preguntó por qué el Ministerio de Educación no habría actuado con contundencia frente a la institución.

El caso de Juliana Guerrero ya había prendido alarmas y el Ministerio de Educación anunció en 2025 una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de títulos en esa misma institución. Si aquello era “la punta del iceberg”, como repite Juvinao, lo que sigue no puede ser otro ciclo de indignación y olvido.

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