El 26 de diciembre de 2025 el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llegó a la Registraduría con un mensaje que pretende sonar democrático, pero que huele a confrontación: inscribir el comité recolector de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. La ruta, según el propio Gobierno, busca desbloquear las reformas que el Congreso no le ha aprobado.
Cuatro días antes, el 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1390 que declara el Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días. La justificación oficial es un faltante fiscal de $16,3 billones en el Presupuesto 2026 y presiones simultáneas sobre salud, subsidios y obligaciones del Estado.
En otras palabras, mientras el Ejecutivo se otorga la facultad de legislar por decretos con fuerza de ley en materia económica, anuncia, casi en simultáneo, un mecanismo para reescribir el marco constitucional que regula, precisamente, los límites del poder.
En este caso, no es lo mismo hablar de una Constituyente en un escenario ‘normal’ que hacerlo justo después de declarar una emergencia económica (que da poderes extraordinarios al Ejecutivo). Ese orden de hechos —primero emergencia, luego comité para Constituyente— hace que mucha gente lo lea no solo como participación ciudadana, sino como una jugada política bajo presión, porque ocurre cuando el Gobierno está buscando más margen de maniobra.
El Gobierno vende la Constituyente como una salida frente a un Congreso que, según su narrativa, ha cerrado las puertas a reformas sociales. El propio comité arranca con una meta superior a la exigencia legal, pues Sanguino habló de “más de 3 millones de firmas” y mencionó que el presidente ha puesto sobre la mesa una meta política de 10 millones.
Pero el umbral requerido para radicar una iniciativa ciudadana de este tipo se calcula con base en el 5 % del censo electoral, lo que hoy se traduce en cerca de 3 millones de apoyos.
Firmas no son Constituyente
El trámite no es automático, ya que según la información disponible, la Registraduría tiene 23 días para aprobar la inscripción del comité promotor, y luego el comité tendría seis meses para recoger las firmas. Es decir, estamos ante una primera fase administrativa y política. Las firmas abren una puerta, no tumban la casa. Lo que viene después implica decisiones de otras instituciones y, por supuesto, confrontaciones jurídicas.
Ahí está el corazón del asunto, y es que la Constituyente se está presentando como un acto de voluntad popular pura, cuando en la práctica el país terminaría discutiendo, otra vez, si el Ejecutivo está intentando forzar la arquitectura institucional para que la realidad se ajuste a su proyecto.
Emergencia económica hoy, Constituyente mañana
La emergencia económica es, por diseño, un poder excepcional. La prensa internacional describió el movimiento como una declaratoria que permite al Gobierno expedir impuestos por decreto, en medio de críticas de gremios y analistas por su impacto en la confianza y por dudas sobre si cumple los requisitos de “hecho sobreviniente” que exige la Constitución.
El Gobierno dice que necesita instrumentos para cerrar el hueco fiscal y sostener políticas públicas. Los críticos dicen que una emergencia económica sin “sorpresa” fiscal (un déficit anunciado desde hace meses) se parece más a una derrota legislativa convertida en decreto.
El mensaje que queda en el aire es que, si el Congreso no se alinea, hay dos caminos paralelos, uno, decretos en el corto plazo, y dos, reescritura del tablero en el mediano.
La emergencia económica ya elevó el debate sobre impuestos, gasto y control constitucional. Sumarle una Constituyente, que por definición abre la posibilidad de tocar reglas del sistema político, económico y de justicia, multiplica la incertidumbre, porque nadie puede garantizar qué sale de una asamblea, ni cómo se protegerán contrapesos y derechos en un clima de campaña hacia 2026.
La Constituyente como bandera de campaña
El propio reporte sobre el trámite sugiere que, si las firmas prosperan, la iniciativa llegaría al Congreso que se elige en 2026, es decir, sería el próximo Legislativo el que tendría que tramitarla.
Eso la convierte en una herramienta electoral que moviliza bases, obliga a tomar posición, polariza el debate y reordena la agenda pública. No necesariamente resuelve el déficit, no necesariamente mejora la salud, no necesariamente ejecuta una reforma, pero sí enciende la plaza.
Y ahí está el riesgo democrático, que un debate constitucional —que debería exigir calma, técnica y acuerdos amplios— termine reducido a un “a favor o en contra de Petro”.
Una Constituyente no es ilegítima por sí misma. Pero en el contexto actual, el país tiene derecho a exigir tres cosas antes de aplaudir: Claridad del propósito para saber qué capítulos de la Constitución se pretenden cambiar y para qué. Respeto por los contrapesos porque las firmas no son licencia para saltarse procedimientos ni para tratar a la Corte o al Congreso como estorbos; y Responsabilidad fiscal porque si el Gobierno pide confianza para decretar impuestos, no puede, al mismo tiempo, sembrar la idea de que todo el marco constitucional es negociable.
