El anuncio lo hizo mediante un video publicado en sus redes sociales: «Hoy empieza nuestra campaña a la presidencia. Sobre las rocas que lanzaron para sacarnos, construiremos la plataforma desde donde nos lanzaremos por Colombia», expresó en su mensaje.
El exmandatario, junto a otros funcionarios de su administración, es investigado por la Fiscalía por supuestas modificaciones irregulares en el uso del suelo de este megalote, ubicado entre la avenida Las Palmas y El Poblado. Según las autoridades, su valor pasó de $2.700 millones a $48.000 millones, lo que ha generado cuestionamientos y procesos judiciales en su contra.
La audiencia de imputación de cargos programada para el 25 de marzo tenía como objetivo ampliar los detalles del proceso legal contra Quintero. A pesar de que la diligencia estaba prevista de manera virtual, el exalcalde manifestó su intención de asistir en persona y convocó a sus seguidores a reunirse en La Alpujarra al mediodía. «Quiero que me acompañen hoy a La Alpujarra a las 12 del día», dijo en su video, en el que también hizo énfasis sobre su objetivo político: «Vamos a resetear la política en Colombia».
Por su parte, el alcalde actual de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido reiterativo en sus declaraciones sobre este caso. Según Gutiérrez, los recientes pronunciamientos de Quintero reflejan su desespero, ya que, en su opinión, las autoridades cuentan con pruebas suficientes para señalar a los responsables del presunto desfalco a la ciudad.
Gutiérrez también reveló que varios funcionarios de la administración de Quintero han decidido acogerse a principios de oportunidad, lo que implica que podrían entregar información clave a la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. De los 37 exfuncionarios imputados hasta la fecha, algunos han optado por acuerdos con la justicia para revelar detalles sobre lo sucedido en el gobierno de Quintero, lo que podría aumentar las complicaciones legales para el exalcalde.
El punto más crítico de la denuncia radica en que la modificación del uso del suelo es una facultad exclusiva de los concejos municipales, dentro del marco de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. Dichos cambios no pueden realizarse por decreto, como aparentemente lo hizo Quintero, lo que lo pondría en una posición legalmente comprometida.
En el desarrollo del proceso judicial, el Juzgado 16 Penal con función de control de garantías decidió aplazar la audiencia de imputación de cargos, tras una solicitud de la defensa de dos de los implicados, entre ellos el abogado de Quintero. Este aplazamiento, sin embargo, no detiene el curso de las investigaciones que podrían definir el futuro político y judicial del exmandatario.
