La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al senador Alex Xavier Flórez Hernández por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.
El expediente se relaciona con supuestas agresiones verbales y físicas contra su expareja entre 2020 y 2021, cuando el dirigente se desempeñaba como concejal de Medellín.
Si la decisión queda en firme, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia para la realización del juicio.
El caso contiene una contradicción que seguramente ocupará buena parte del debate judicial y es que en marzo de 2025, la expareja de Flórez aseguró públicamente que los hechos denunciados no ocurrieron. Sin embargo, el magistrado ponente, Marco Antonio Rueda, consideró que existen elementos suficientes para formular la acusación.
La defensa todavía puede interponer recursos, por lo que no existe condena y el congresista mantiene intacta su presunción de inocencia.
Pero el problema de Flórez ya no es exclusivamente judicial, ya que para un senador perteneciente a una colectividad que convirtió la defensa de las mujeres y la lucha contra las violencias de género en parte central de su discurso, llegar a esta instancia representa una incómoda prueba de coherencia.
El Pacto Histórico tendrá que decidir si guarda silencio mientras actúan los jueces o si aplica a uno de los suyos el mismo rigor político que suele exigir cuando los señalados pertenecen a otras orillas.
Alex Flórez aún no ha sido declarado culpable, pero tampoco está frente a una denuncia recién conocida o a un simple cruce de versiones en redes sociales.
La Corte examinó el expediente y decidió avanzar hacia una acusación formal. Ahora será la justicia la encargada de establecer la verdad; mientras tanto, la política deberá responder una pregunta más inmediata: ¿hasta dónde llega la solidaridad partidista cuando las banderas que se defienden públicamente ponen bajo cuestionamiento a un integrante de la propia bancada?
