El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insiste y su administración volvió a radicar ante la Asamblea el Proyecto de Ordenanza 37 para avanzar en la financiación de infraestructura mediante contribución de valorización.
La iniciativa regresa después de haber sido retirada antes de llegar a plenarias, en medio de dificultades de trámite y declaraciones de impedimento de diputados.
La Gobernación defiende la necesidad de conectar las subregiones y mejorar su competitividad, pero la segunda radicación merece algo más que entusiasmo por las futuras carreteras y es ¿qué cambió entre el primer intento y el segundo, y qué garantías tendrán los propietarios que podrían terminar pagando?
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El argumento oficial parte de que las obras aumentarán el valor de los predios beneficiados, sin embargo, una propiedad más costosa sobre el papel no significa mayores ingresos para su dueño. El diputado Luis Peláez resumió esa preocupación al advertir que “no necesariamente el que tiene tierra tiene plata para pagar valorización”.
Por su parte, el secretario de Infraestructura, Sebastián Castaño Gómez, anunció excepciones para sectores vulnerables y explicó que faltan estudios socioeconómicos, avalúos y la posterior distribución del cobro. Esas precisiones importan; la propuesta todavía no equivale a una factura aprobada, pero sus protecciones deben quedar claras y ser verificables, más allá de las declaraciones tranquilizadoras.
También merece atención el trámite político, pues el diputado José Luis Noreña atribuyó el retiro inicial a la presentación ante una comisión equivocada; tanto él como Peláez señalaron que hubo declaraciones de impedimento. Eso no demuestra una irregularidad, pero sí exige transparencia para saber cuáles fueron sus motivos y cómo se resolvieron.
Con los debates previstos antes del 30 de septiembre, la Asamblea debe explicar qué autoriza exactamente, cuáles decisiones quedan pendientes y cómo podrán intervenir las comunidades.
La insistencia de Rendón debe medirse con el mismo rigor que sus promesas de infraestructura, por esto, antes de respaldar el mecanismo, los diputados deberían exigir mapas comprensibles, criterios de capacidad de pago, condiciones de las excepciones y garantías frente a retrasos o sobrecostos.
Propietarios, juntas de acción comunal y veedurías tienen razones para participar desde ahora, cuando todavía pueden discutir las reglas.
