La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 76 meses de prisión —seis años y cuatro meses— contra José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde de Envigado y exsenador de Cambio Radical, por concierto para delinquir agravado.
La decisión ratificó el fallo emitido en mayo de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia, que también le impuso una multa equivalente a 3.000 salarios mínimos, lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo y le negó la prisión domiciliaria.
La condena no se limitó a demostrar una amistad inconveniente con personajes ilegales. Según la Corte, ‘La Oficina’ aportó recursos económicos y utilizó su dominio territorial para garantizar votos a la campaña de Mesa a la Alcaldía, para el periodo 1995-1997, y posteriormente a sus aspiraciones al Senado entre 1998 y 2006. La contraprestación fue todavía más grave, pues los jefes de la organización obtuvieron poder burocrático dentro de la administración municipal.
En otras palabras, la estructura criminal puso dinero y caudal electoral; el dirigente puso una parte del Estado a disposición de sus intereses.
Para sustentar la decisión, la Corte dio credibilidad a los testimonios de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. También estableció que Mesa mantuvo una “amistad prolongada” con Daniel Mejía Ángel, alias Danielito, uno de los jefes de ‘La Oficina’, relación que favoreció sus aspiraciones políticas y su compromiso con los intereses de esa organización.
El expediente reconstruye, además, cómo una red surgida del narcotráfico y el paramilitarismo logró convertir su control sobre los barrios en financiación electoral, votos y acceso a la administración pública.
La sentencia llega más de tres décadas después de la elección de Mesa como alcalde, cuando buena parte de esa alianza ya había producido efectos políticos, burocráticos y territoriales.
El fallo no condena toda la historia política de Envigad, pero ese retraso sí deja una conclusión incómoda y es que mientras la justicia necesitó años para confirmar cómo operaba el pacto, la organización criminal tuvo tiempo suficiente para fortalecer su poder.
