La denominada Paz Total del gobierno de Gustavo Petro vuelve a los estrados, pero esta vez no para discutir sus resultados sino los límites con los que actuaron algunos de sus protagonistas.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y la citó a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.
El expediente se concentra en su participación en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá. La justicia deberá resolver hasta dónde llegaban realmente las facultades de Zuleta como coordinadora de los diálogos de paz urbana y en qué momento pudo haber comenzado a ejercer funciones que no le correspondían.
El episodio que originó la investigación estuvo lejos de ser una visita protocolaria a un establecimiento penitenciario. Cerca de 30 funcionarios del CTI participaron aquella noche en un allanamiento al patio 9 de extraditables de La Picota, donde fue encontrada una Mini Glock calibre nueve milímetros y munición.
La información sobre la existencia del arma había sido suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, entonces jefe de la estructura criminal La Inmaculada, quien aseguró que con ella se preparaba un atentado contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, vinculado a Comandos de la Frontera y relacionado con acercamientos de paz del Gobierno. En medio de esa diligencia apareció la presencia de la senadora Zuleta acompañando un procedimiento investigativo desarrollado por organismos con competencias expresamente definidas por la ley.
Ese es precisamente el punto que ahora examina la Corte, pues Zuleta fue designada por el Gobierno Petro como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, una función política vinculada a los acercamientos con las organizaciones criminales, pero ser facilitadora o coordinadora de un proceso de diálogo no convierte automáticamente a un congresista en funcionario judicial, investigador del CTI o autoridad penitenciaria.
La Corte busca determinar si su actuación aquella noche estuvo dentro de las atribuciones previstas en las resoluciones que definieron su papel o si, por el contrario, la política de paz terminó funcionando como una zona gris institucional en la que las fronteras entre negociar, acompañar e intervenir comenzaron a desdibujarse.
La defensa política de Zuleta ha estado asociada precisamente a esa condición de delegada gubernamental; su participación en los diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá fue pública y estuvo respaldada por decisiones del Ejecutivo, sin embargo, el hecho de que la Corte haya pasado de una indagación preliminar a una investigación formal indica que el asunto ya no gira únicamente alrededor de la conveniencia política de sus actuaciones.
El magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción, deberá establecer si existió una eventual extralimitación susceptible de responsabilidad penal. La citación a indagatoria, por supuesto, no significa que Zuleta sea culpable, por el contrario, será el proceso judicial el que determine si existió delito y deberá garantizarse plenamente su derecho de defensa.
El problema adquiere una dimensión mayor porque el episodio de La Picota no es el primer cuestionamiento sobre los límites institucionales de la participación de Zuleta en la Paz Urbana, debido a que el 21 de junio de 2025 ocurrió en Medellín el controvertido ‘tarimazo’ de La Alpujarra, cuando nueve cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí fueron trasladados hasta un acto público encabezado por el entonces presidente Gustavo Petro, Zuleta había solicitado el traslado y participó en el evento.
Posteriormente, surgieron cuestionamientos judiciales y administrativos sobre las autorizaciones utilizadas para sacar a los internos, mientras el caso llegó incluso al Consejo de Estado mediante una demanda de pérdida de investidura contra la congresista.
Vistos en conjunto, La Picota y La Alpujarra dejan una discusión que trasciende a Isabel Zuleta sobre los controles existentes a quienes actuaron como intermediarios entre el Estado y las estructuras criminales durante la Paz Total.
El modelo permitió que actores políticos interactuaran directamente con cabecillas condenados mientras el Gobierno buscaba construir mecanismos de sometimiento y negociación.
El debate resulta especialmente sensible en Medellín y el Valle de Aburrá, ya que, durante años, las autoridades han reconocido la capacidad de estructuras criminales para ejercer control territorial, intervenir en conflictos comunitarios y obtener rentas mediante actividades ilegales. Por eso, cualquier negociación que prometa reducir homicidios, extorsiones o violencia merece ser evaluada por sus resultados, pero también por sus reglas.
Una reducción temporal de determinados delitos no puede convertirse por sí sola en autorización para relativizar las competencias del Estado. La paz puede requerir interlocución con criminales; lo que no puede requerir es que las instituciones pierdan claridad sobre quién investiga, quién custodia, quién negocia y quién legisla.
La investigación contra Zuleta llega además después de que el ‘tarimazo’ dejara otras consecuencias judiciales como las autorizaciones para trasladar a cabecillas desde la cárcel de Itagüí fueron objeto de cuestionamientos y se abrieron actuaciones contra funcionarios penitenciarios involucrados.
Incluso se denunciaron inconsistencias en las fechas contenidas en algunas resoluciones relacionadas con los movimientos de los internos. Es decir, lo que inicialmente fue presentado como una demostración política de los avances de la Paz Urbana terminó convertido en una cadena de interrogantes jurídicos sobre la manera como fueron tomadas algunas decisiones.
Ahora será la Corte Suprema la que determine si Isabel Zuleta simplemente acompañó un procedimiento en desarrollo de las responsabilidades que le había entregado el Gobierno o si cruzó una frontera que ningún nombramiento político podía autorizarle, esa diferencia será decisiva para su futuro judicial.
