El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propusieron al Gobierno nacional ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La iniciativa fue presentada durante una reunión con el presidente Abelardo De La Espriella y busca vincular a empresas públicas y privadas en la recuperación de viviendas, instituciones educativas, centros de salud y corredores viales.
La propuesta permitiría que las compañías destinen directamente parte de sus obligaciones tributarias a proyectos definidos como prioritarios, en lugar de entregar la totalidad de esos recursos al recaudo general de la Nación.
También se estudian alternativas relacionadas con impuestos territoriales, como el predial y el de Industria y Comercio, además de la creación de una fiducia que administre las donaciones y permita conocer quién aporta, cuánto entrega y en qué se invierte cada peso. La declaratoria de emergencia económica abre la posibilidad de reglamentar temporalmente estos procedimientos mediante decretos extraordinarios.
El planteamiento también tiene una lectura política, puesto que después de cuatro años de confrontación con el Gobierno de Gustavo Petro, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia aparecen ahora alineados con el nuevo Ejecutivo y buscan convertir al departamento en protagonista de la reconstrucción nacional.
Sin embargo, la urgencia no puede convertirse en una puerta abierta para seleccionar proyectos sin criterios públicos, favorecer determinados contratistas o reducir los controles ambientales y fiscales. Obras por Impuestos puede agilizar la inversión, pero también exige reglas claras para impedir que las empresas terminen decidiendo por sí solas cuáles territorios reciben ayuda.
La propuesta puede movilizar recursos y reducir la presión sobre un presupuesto nacional limitado, pero no reemplaza la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. Su verdadero alcance dependerá de la reglamentación que expida el Gobierno, de la priorización técnica de las zonas más afectadas y de la vigilancia ejercida por los organismos de control y la ciudadanía.
