Iván Cepeda pasó rápidamente del reconocimiento de la derrota a condicionar la legitimidad del próximo gobierno. El 24 de junio aceptó oficialmente el triunfo de Abelardo De La Espriella y anunció una oposición “democrática, vigilante y constructiva”. Seis días después, advirtió que emprenderá una “desobediencia civil pacífica” y desconocerá su autoridad si el presidente electo no renuncia a la ciudadanía estadounidense y atiende otras exigencias políticas.
El cambio de tono no parece accidental, Cepeda busca conservar el liderazgo de los más de 12,7 millones de ciudadanos que votaron por él y transformar una derrota estrecha en una plataforma permanente de movilización.
La controversia sobre la nacionalidad no puede despacharse como una simple pataleta, pero tampoco permite afirmar automáticamente que la posesión será ilegal. El artículo 191 de la Constitución exige que el presidente sea colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.
La Ley 43 de 1993 agrega que los colombianos por nacimiento que adquieren otra nacionalidad no pierden sus derechos civiles y políticos. Un grupo de juristas sostiene, por ello, que la nacionalidad estadounidense no constituye una inhabilidad; otro grupo de exmagistrados considera que el juramento prestado ante Estados Unidos podría generar un conflicto específico de lealtades. Existe discusión jurídica, no una sentencia definitiva que invalide la elección.
Tampoco es exacto presentar la decisión del Consejo de Estado como una absolución de fondo. La Sección Quinta rechazó una demanda contra la inscripción de De La Espriella porque el acto cuestionado era un trámite administrativo que todavía no podía ser sometido a control judicial en esa etapa. El tribunal no determinó que la ciudadanía estadounidense fuera compatible o incompatible con la Presidencia. Esa precisión deja mal parados a los dos extremos: al sector del presidente electo, cuando asegura que el asunto quedó completamente resuelto, y a Cepeda, cuando declara por su cuenta que la posesión estaría viciada de ilegalidad.
La sospecha aumenta cuando Cepeda mezcla la nacionalidad del próximo mandatario con exigencias relacionadas con Gustavo Petro. El excandidato pidió que De La Espriella desista de cualquier intento de extraditar al presidente saliente, que cese una supuesta persecución contra opositores y que aclare eventuales relaciones con agencias de seguridad estadounidenses.
Vincular el reconocimiento de la autoridad presidencial con garantías personales para Petro desplaza la discusión desde la defensa abstracta de la soberanía hacia la protección política del gobierno que termina. La doble nacionalidad funciona entonces como argumento jurídico, pero también como vehículo para mantener cohesionada a la izquierda alrededor de la confrontación.
🔴 @IvanCepedaCast se dirigió al país esta mañana en rueda de prensa.
Anunció una serie de situaciones que, de no ser resueltas, viciarían la posesión de De la Espriella como presidente.
En ese escenario, @IvanCepedaCast se declararía en desobediencia civil e invitaría a la… pic.twitter.com/pfJD3OLyhr
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 30, 2026
De La Espriella tiene la obligación de explicar con transparencia los compromisos derivados de su ciudadanía estadounidense y cualquier relación que pueda comprometer la autonomía del Estado colombiano. Cepeda, por su parte, debe tramitar sus reclamaciones ante las autoridades electorales y judiciales, no convertir sus propias interpretaciones en órdenes para desconocer al próximo presidente. La oposición es necesaria; la desobediencia anunciada antes de una decisión institucional parece menos una defensa de la Constitución que el primer acto de una campaña destinada a impedir que la contienda electoral termine
