La seguridad terminó convirtiéndose en el tema decisivo de la segunda vuelta presidencial en Colombia. No se trata únicamente de una preocupación ciudadana instalada por la violencia cotidiana, sino del fracaso acumulado de un Estado que ha perdido capacidad para controlar amplias zonas del territorio.
Mientras los candidatos presentan fórmulas opuestas, los grupos armados continúan creciendo, administrando economías ilegales y sometiendo comunidades que hace años dejaron de sentir la presencia efectiva de las instituciones.
Las cifras revelan la magnitud del deterioro, ya que un informe conocido por Reuters señala que las estructuras armadas ilegales habrían pasado de cerca de 13.000 integrantes en 2022 a aproximadamente 25.000 en 2026. El dato no solo representa un crecimiento alarmante, sino que expone el resultado de una política de seguridad incapaz de contener el reclutamiento, la expansión territorial y el fortalecimiento financiero de estas organizaciones, la llamada paz total terminó avanzando mucho más lentamente que los grupos que pretendía desarmar.
En ese escenario, Abelardo De La Espriella propone cerrar las negociaciones y recuperar la iniciativa militar, su discurso conecta con una ciudadanía cansada de los anuncios de paz que terminan acompañados de confinamientos, desplazamientos y atentados. Sin embargo, detrás de la promesa de autoridad también aparece el riesgo de convertir la seguridad en un espectáculo electoral, con soluciones rápidas para un conflicto que lleva décadas alimentándose de corrupción, abandono estatal y economías criminales.
Iván Cepeda, por su parte, insiste en mantener los diálogos y ofrecer beneficios jurídicos condicionados al desmantelamiento de las organizaciones. Su propuesta conserva la lógica de la negociación, pero carga con el desgaste de un Gobierno que prometió reducir la violencia mientras los grupos armados aumentaron su capacidad. Continuar dialogando sin recuperar control territorial podría ser interpretado por las estructuras ilegales como una nueva oportunidad para fortalecerse, ganar tiempo y negociar desde una posición cada vez más favorable.
La segunda vuelta enfrenta así dos relatos extremos: la promesa de la fuerza y la persistencia del diálogo, mientras que en medio queda un país donde las comunidades continúan pagando el precio de decisiones tomadas desde Bogotá.
La seguridad se volvió protagonista de la campaña porque el Estado permitió que el miedo ocupara el espacio que debía llenar la institucionalidad. Más que elegir entre guerra o negociación, Colombia terminará decidiendo cuál de los dos candidatos ofrece una estrategia menos vulnerable a convertirse en otra promesa incumplida.
