Tras dejar la Alcaldía de Medellín (renunció el 1 de octubre de 2023 para hacer política sin la mordaza legal), el exmandatario no solo cargó con la inhabilidad de seis meses por participación en política sino que también heredó una lista de procesos que hoy funcionan como el ‘currículum paralelo’ con el que llega a pedir votos.
Uno de los ejes más explosivos del expediente público es Metroparques, una entidad que durante su administración quedó en el centro de decisiones cuestionadas. La Procuraduría investigó el retiro de contratos de jardinería al Jardín Botánico para entregarlos a Metroparques, que luego habría subcontratado con empresas vinculadas entre sí, en un esquema que las autoridades han leído como direccionamiento.
Ya hubo sanciones disciplinarias duras: inhabilidades por nueve años para la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, y el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, por ese presunto encarrilamiento de recursos.
En el capítulo del Parque de las Aguas aparecen contratos interadministrativos por $17.450 millones para mantenimiento, tercerizados con privados que según la Fiscalía habrían sido favorecidos a dedo, con sobrecostos estimados en $1.500 millones y un hangar por $7.000 millones que luce más como monumento a la contratación creativa que como necesidad real.
El expediente incluye extinción de dominio sobre 23 bienes por más de $3.000 millones, un principio de oportunidad para un exfuncionario que decidió hablar, y hasta la petición de catalogar el entramado como Grupo Delincuencial Organizado.
Pero el golpe político más sensible está en Buen Comienzo por tratarse de recursos para primera infancia; la Fiscalía señala direccionamiento hacia la Corporación Colombia Avanza y habla de un detrimento de $2.333 millones, con proceso penal avanzando y sanciones disciplinarias como la inhabilidad por ocho años para Alexandra Agudelo.
A eso se suman líos por caja menor, gastos que no encajarían con criterios de necesidad, y el caso Aguas Vivas, en el que el Estado habría terminado a punto de pagar más de $40.500 millones por un lote que ya era público, tras decisiones administrativas que la Fiscalía y la Procuraduría leen como maniobra para favorecer a particulares.
Con ese mapa, Quintero no llega solo a pedir respaldo, llega a disputar una batalla de percepción donde su campaña habla de futuro, mientras los expedientes le recuerdan a Medellín que el pasado todavía está en audiencia.
