La bomba política estalló en pleno corazón del Gobierno. La medida activa una orden internacional de captura en más de 190 países, dejando al alto funcionario bajo el radar global de las autoridades judiciales.
Aunque aún no se conocen los cargos concretos, el solo hecho de que Interpol haya expedido la alerta desata un terremoto político. No se trata de un rumor, es un procedimiento formal que obliga a buscar y detener a González, una de las piezas clave en el engranaje de poder del Pacto Histórico.
Desde la Casa de Nariño reina el silencio. Ningún pronunciamiento oficial, apenas murmullos sobre “acciones diplomáticas” para contener el impacto. El problema es que no estamos ante un chisme de pasillo, se trata del jefe de inteligencia del país, hoy señalado por organismos multilaterales de seguridad.
La trayectoria de González siempre generó sospechas. Su cercanía con Petro y su papel en la construcción del proyecto político que llevó al Pacto al poder fueron motivos de cuestionamiento desde el día de su designación. Ahora, la circular roja lo expone y abre un flanco de vulnerabilidad para el propio Gobierno.
Conviene recordar la circular roja no es una condena, pero sí un aviso de que el funcionario ya no puede moverse sin riesgo de ser detenido fuera de Colombia. El costo político, sin embargo, ya está corriendo, se pone en entredicho la credibilidad de la inteligencia nacional y la relación del Ejecutivo con la comunidad internacional quedan seriamente comprometidas.
